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Última modificación: 2006-09-26
Todo elemento probatorio y evidencia física que se encuentre en un allanamiento o registro, efectuado con fundamento en una orden viciada, queda contaminado, carece de validez y debe ser excluido de la actuación

Se demandó ante la Corte Constitucional, la inconstitucionalidad de la expresión ? directa y exclusivamente? del artículo 232 de la Ley 906 de 2004 ? Por la cual se expide el Código de procedimiento Penal?, relacionado con la cláusula de exclusión en materia de registros y allanamientos.

Los fundamentos de la demanda se pueden presentar así: De conformidad con la expresión demandada, los elementos indirectos provenientes de una orden de registro y allanamiento emitida por el fiscal, viciada por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos en el código, mantendrían su valor y esto sería contrario a la Constitución porque el artículo 29 inciso 5º señala que ?toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula de pleno derecho sin que el constituyente distinga entre la prueba directa y la indirecta?.

La Corte señaló que el ? ejercicio de una adecuada interpretación constitucional no puede limitarse a tomar en consideración, de manera aislada, el enunciado invocado en este caso por la demandante?, sino que es preciso situarlo en un contexto determinado, el cual será objeto del respectivo control de constitucionalidad.? La Corte examinó de manera global el artículo 232 del nuevo C.P.P.

La Corte al declarar inexequible la expresión ?directa y exclusivamente? del artículo 232 de la Ley 906 de 2004 señaló: ?la disposición acusada dispone, que tan sólo aquellos elementos probatorios y evidencia física que dependa de manera directa y exclusiva de ella carecen de validez y serán excluidos de la actuación, con lo que se restringe el alcance del artículo 29 constitucional para los efectos del registro y allanamiento. En otras palabras, de conformidad con el artículo 29 Superior, cuando se efectúe un allanamiento o registro, con fundamento en una orden viciada, por carencia de alguno de los requisitos esenciales previstos para el efecto, es decir, con violación del debido proceso, por tratarse de una diligencia afectada de invalidez, todo elemento probatorio y evidencia física que allí se encuentre y sea obtenida en la misma queda contaminada, carece de validez y debe ser excluido de la actuación, y no solamente aquellas que dependan directa y exclusivamente.

Cuando ?en la diligencia inválida, de acuerdo a lo considerado anteriormente, se encontraren elementos o evidencias materiales no vinculadas con el proceso pero que ameriten otra investigación penal, implicará el deber del funcionario que realiza la diligencia de ponerlos a disposición de la autoridad competente para el efecto, para que sean tenidos como evidencia material pero no como prueba de responsabilidad.? nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-591-05

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