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Última modificación: 2006-09-26
Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de casación que constituyan vía de hecho

Fue demanda en acción de inconstitucionalidad la expresión ?ni acción? del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 que preveía que contra el fallo que aceptare alguna de las causales de casación no era procedente ningún recurso o acción, salvo la de revisión. El actor consideró que tal disposición pretendía desconocer los artículos 4 y 86 Superior, al negar la posibilidad de que contra esas decisiones, cuando constituyera vías de hecho, se ejerciera la acción de tutela, no obstante que tal posibilidad es admitida por la disposición constitucional, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Constitucional.

La Corporación Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión demandada tras indicar que no existe incompatibilidad sino armonía entre la concepción de la casación como un control de constitucionalidad y legalidad del fallo lesivo de derechos y garantías fundamentales y la acción de tutela, como mecanismo constitucional subsidiario de protección de los derechos fundamentales. Para la Corte, si el recurso extraordinario de casación no resulta un medio judicial idóneo y eficaz de protección de los derechos y garantías fundamentales afectados en el proceso penal y la sentencia que lo resuelve desconoce esa situación, nada impide que el afectado acuda ante la jurisdicción constitucional en demanda de amparo para tales derechos.

En este sentido, por ejemplo, un imputado al que se le ha vulnerado el derecho de defensa por no haber estado asistido por defensor en el momento de la formulación de la imputación, puede solicitar, al interior de ese mismo proceso, la anulación de la actuación y contra la decisión que se profiera puede interponer los recursos legales ordinarios. Pero si no obstante esa situación, la actuación no es invalidada, nada se opone a que luego intente, en sede de casación, la invalidación de la sentencia y del proceso en el que ella se dictó. Y si en esta sede no se atiende su pedimento y concurren los exigentes presupuestos necesarios para ello, bien puede interponer acción de tutela en procura de protección del derecho fundamental al debido proceso.

En estas condiciones, dice la Corte, es manifiesta la inconstitucionalidad del aparte demandado del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 ya que al indicar que contra la sentencia que resuelve el recurso extraordinario de casación en materia penal ?no procede ningún recurso ni acción, salvo la de revisión?, está excluyendo la procedencia de la acción de tutela contra ese tipo de pronunciamientos y con ello, ?qué duda cabe?, está contrariando el artículo 86 de la Carta Política ya que esta norma no excluye tales pronunciamientos de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Es decir, en tanto que la voluntad del constituyente expresada en la norma superior ya indicada fue que la acción de tutela se aplicara respecto de los actos y omisiones de las autoridades públicas, incluidas las judiciales, el legislador ha tomado la decisión, manifiesta en la norma demandada, de excluir de la procedencia de ese recurso las sentencias que resuelven la casación penal.

Entonces, ?como es claro que una ley ordinaria no puede, bajo ninguna circunstancia, modificar o suprimir la Constitución Política y mucho menos uno de los mecanismos constitucionales de protección de los derechos fundamentales?, la expresión ?ni acción? que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 será expulsada del ordenamiento jurídico pues genera un espacio institucional en el que los derechos fundamentales no podrían ser protegidos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-590-05

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