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Última modificación: 2006-09-26
La ausencia de un recurso de apelación contra la decisión que resuelve un recurso extraordinario de casación no vulnera normas constitucionales

El actor fundamentó la demanda contra el primer inciso del artículo 205 ( parcial) de la Ley 600 de 2000, puesto que considera que al permitirse que la casación proceda cuando en las decisiones de primera y segunda instancia se haya absuelto al sindicado y se case profiriéndose sentencia condenatoria, se vulnera el artículo 29 de la Carta Política porque se desconoce el derecho a impugnar tal sentencia proferida por Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya que contra ella no procede recurso alguno. También considera vulnerado el artículo 31 Carta Política por cuanto consideró que éste debe interpretarse en concordancia con el artículo 29 superior en el sentido de no permitir al legislador en ningún caso descartar la impugnación de la sentencia condenatoria. La Corte Constitucional integró a la demanda, por unidad normativa, el aparte del inciso primero del artículo 205 mencionado que no había sido inicialmente demandado.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 ?Por la cual se expide el Código de procedimiento Penal?, de acuerdo con la hipótesis planteada en la demanda, porque: 1) Cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casa la sentencia de segunda instancia y la reemplaza por una decisión acorde con el ordenamiento jurídico, tal decisión no se asimila con una nueva instancia; 2) La acusación del actor basada en la obligatoriedad de la apelación como único mecanismo de impugnación para las situación descrita en la demanda, no corresponde a la interpretación del artículo 29 de la Carta Política, por cuanto cuando allí se establece el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, como garantía del debido proceso, no se refiere a una forma específica de impugnación ni a recurso específico alguno. Debe recordarse como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la acción de revisión y la acción de tutela pueden constituirse, en las circunstancias concretas de aplicación, en mecanismos de impugnación de las decisiones judiciales, que se podrían aplicar frente a la sentencia condenatoria que llegaré a proferir por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia , en la hipótesis planteada por el actor y 3) No se puede considerar vulnerado el artículo 31 de la Carta Política, en cuanto que cuando se casa una sentencia de segunda instancia y se dicta una sentencia nueva, no se está frente a una decisión en una nueva instancia.

La Corte señaló que no sobraba señalar que el actor partió de un entendimiento incompleto del mandato contenido en el referido artículo 31 superior, puesto que el artículo mencionado establece que ?toda sentencia podrá ser apelada o consultada..?, pero, ?salvo las excepciones que consagre la ley?. Lo anterior significa que en la Carta Política no se estableció un principio absoluto en esta materia, dejándose al legislador para que estableciera aquellos casos en los que respetando garantías que constituyen el debido proceso (art. 29 CPP) solo se profiriera una decisión de instancia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-998-04

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