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Última modificación: 2006-11-30
La variación de la calificación jurídica de la conducta en sentencia de segunda instancia no vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa técnica

Dos personas fueron condenadas en primera instancia por el delito de concusión a la pena de 90 meses de prisión. Apelada este fallo, el Tribunal de segunda instancia decidió modificar la calificación jurídica de los hechos de concusión a cohecho propio, y en consecuencia, redujo la pena a 64 meses de prisión. Los condenados interpusieron acción de tutela contra la decisión del tribunal, al considerar que si no habían sido encontrados responsables por el delito inicial del que se les acusaba, el superior jerárquico no podía modificar la calificación jurídica y en consecuencia, el fallo de segunda instancia configuraría una vía de hecho por violación del derecho de defensa, la presunción de inocencia y el principio de congruencia o consonancia.

La Corte al estudiar este caso advirtió en primer término que la consonancia que debe existir entre la sentencia y la acusación, cualquiera que sea el acto en el cual se halle contenida ésta, bien sea la resolución de acusación, la formulación de cargos para sentencia anticipada, o la variación de la calificación provisional durante el juzgamiento, constituye la base esencial del debido proceso, en cuanto constituye el marco conceptual, fáctico y jurídico de la acción penal del Estado, e igualmente, configura una garantía del derecho a la defensa del procesado, en cuanto que, el acusado puede desplegar los mecanismos de oposición que considere pertinentes, y porque además sabe de antemano que, en el peor de los casos, no sufrirá una condena por aspectos que no hayan sido contemplados allí. De allí que, en materia penal, debe existir una adecuada relación de conformidad personal, fáctica y jurídica entre la resolución de acusación y la sentencia, lo que significa que aquélla delimita el objeto del debate, en el sentido de que concreta las personas contra las cuales se dirigen los cargos; precisa los hechos y circunstancias constitutivos de la imputación fáctica y señala los delitos y normas que integran la imputación jurídica.

No obstante, la Corte aclara en torno al principio de congruencia y la variación de la calificación jurídica que (i) la calificación inicial sobre el delito no puede ser invariable, ya que el objetivo de todo proceso penal, es esclarecer los hechos, los autores y partícipes con fundamento en el material probatorio recaudado, para administrar justicia con apoyo en la verdad y en la convicción razonada de quien resuelve; (ii) el funcionario o Corporación a cuyo cargo se encuentra la decisión final debe estar en condiciones de modificar, parcial o totalmente, las apreciaciones con base en las cuales se inició el proceso; y (iii) lo trascendente, desde una perspectiva constitucional, no es que la acusación se mantenga intacta, sino que ante la variación de la acusación el procesado también pueda modificar su estrategia defensiva, y que igualmente se le respete el derecho de contradecir los hechos nuevos, además de que se tengan en cuenta los propios.

Queda entonces claro que la variación que se pueda hacer a la calificación de la conducta punible no es ilimitada, por cuanto es necesario que se preserve el núcleo central de la imputación fáctica o conducta básica. El principio de congruencia vincula también al juez de segunda instancia y, en consecuencia, éste puede variar la calificación jurídica considerada en la condena, siempre y cuando respete el núcleo central de la imputación fáctica o conducta básica, pudiendo condenar atenuadamente, por la elemental razón de que si puede absolver, puede atenuar. Además, el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Le está vedado, por el contrario, agregar hechos nuevos, suprimir atenuantes que se le hayan reconocido al acusado, adicionar agravantes, y en general, hacer más gravosa la situación.

En el caso concreto, la Corte estimó que el Tribunal no incurrió en una causal de procedencia de la acción de tutela por vulneración del principio de congruencia entre la acusación y la condena, por cuanto, el núcleo fáctico se mantuvo. La única diferencia consistió en que, mientras para el fallador de primera instancia las pruebas aportadas al proceso apuntaban a configurar un delito de concusión, por cuanto se habría realizado una exigencia de dinero, los jueces de segunda instancia consideraron que, las mismas pruebas indicaban que los accionantes y el denunciante habían llegado a un acuerdo económico, inherente al delito de cohecho propio. De tal suerte que no se vulneró el derecho de defensa de los accionantes por cuanto la nueva calificación jurídica de los hechos resulta ser más benigna. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-480-06

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