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Última modificación: 2006-11-30
Obligación de las autoridades judiciales de cumplir con los términos procesales, incluso si el enjuiciado es requerido por distintas autoridades y procesos

Una persona privada de la libertad interpone acción de tutela contra la Fiscalía que adelanta el proceso penal en su contra, aduciendo que durante más de cuatro años contados desde que ha sido vinculado al proceso y ha permanecido preso, no se le ha oído en versión libre o en indagatoria. La Corte Constitucional consideró que en este caso existía una palpable dilación en los términos procesales que vulneraba los derechos a la defensa y el acceso a la administración de justicia del procesado.

Para la Corte la desatención en los términos procesales, sin que medien situaciones externas al comportamiento del funcionario que haya obrado diligentemente, es una violación que debe ser protegida por medio de acción de tutela. La desatención de términos solo resulta excusable y por tanto excluye la presencia de una vulneración del debido proceso, cuando son situaciones objetivas, ajenas a la voluntad y actuación propia del funcionario, las que causan la demora para evacuar los procesos, circunstancias que lógicamente deben estar acreditadas en la actuación.

En el caso analizado la fiscalía adujo que la razón para no oír en indagatoria al procesado consistió en que ésta persona estaba recluida bajo órdenes de otra dependencia fiscal, que no le puso a disposición al detenido para la indagatoria. Para la Corte, este argumento no resulta suficiente para excusar la dilación en que incurrió la fiscalía, pues en actuaciones procesales en curso no hubo inconvenientes para que esta dependencia tuviera acceso al detenido y cumpliera con los términos procesales establecidos.

Adicionalmente, ante la eventual circunstancia que una persona privada de la libertad sea requerida por varias autoridades y para preservar las garantías protectoras del derecho fundamental de la libertad personal, la atención a esas especiales previsiones de celeridad y oportunidad les es exigible a todas ellas, en la medida en que, cuando estas autoridades por algún medio tienen conocimiento de la privación de libertad en que se encuentra la persona que también requieren, deben ejecutar el impulso oficioso que deben imprimir en sus actuaciones, para resolver con la mayor prontitud el caso en su conocimiento y esto lo harán bajo el ordenamiento normativo que corresponde a los procesos con detenido.

En el caso en estudio resulta palmaria la inobservancia de los términos procesales dentro de los cuales ha debido actuar la Fiscalía accionada al cotejarlos con los legalmente establecidos para las actuaciones que corresponden a estos procesos, si se tiene en cuenta que, ordenada la vinculación del accionante que ya se encontraba privado de la libertad, la indagatoria ha debido recibírsele en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres días siguientes a tal hecho como dicta la norma; porque en el caso, debe tenerse en cuenta que la ?puesta a disposición? que se establece en ese precepto para el inicio del conteo de los términos, no equivalía a la efectiva realización de la captura del vinculado, puesto que como se ha evidenciado éste ya estaba privado de la libertad y de ello tenía pleno conocimiento la demandada, correspondiéndole entonces a ésta, promover y procurar la puesta a su disposición del preso para el efecto. No obstante, es solo hasta después de 4 años, cuando una vez interpuesta la presente tutela, se realiza la diligencia en el lugar donde el mismo estaba detenido sin que, hubiera justificación a la mora, configurándose por consiguiente, causal de vulneración del debido proceso

Dado que, cuando el caso llegó a revisión de la Corte, ya se había realizado la indagatoria, la Corte declaró la carencia actual de objeto. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-272-06

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