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Última modificación: 2006-11-30
La omisión de práctica de pruebas decretadas por el juez en un proceso penal puede llegar a constituir una vía de hecho procedimental

Un médico fue condenado por el delito de homicidio culposo en razón de la muerte de un joven al que le fue practicada una cirugía, en la que intervino el médico prestando sus servicios de anestesiólogo. Una vez agotado el proceso penal, que llegó hasta la resolución del recurso de casación, el médico interpuso acción de tutela aduciendo violación al debido proceso, a la defensa y al acceso a la justicia.

Según el accionante, en primera instancia fueron decretados por el juez dos testimonios como pruebas que serían sustento de la defensa. No obstante, estos testimonios no se practicaron por inasistencia de las testigos.

La Corte Constitucional consideró que existía en este caso una vía de hecho procedimental que se concretó en la omisión en la cual incurrió en juez de primera instancia en lo atinente a la práctica de unos testimonios ya decretados. Para la Corte, cuando el juez ha analizado la solicitud de pruebas y accede a ellas tiene el deber procesal de cumplir con su propia decisión, so pena de incurrir en una violación del derecho fundamental al debido proceso por defecto procedimental. Se aclara adicionalmente, que en los procesos penales como en los de cualquier otra naturaleza, la pertinencia de la prueba se decide al momento de su decreto y que, establecido esto, los jueces quedan obligados de manera compulsiva a lo que ellos mismos dispusieron, no contando con alternativa diferente que realizar todas las actuaciones tendientes a llevar a término el recaudo de las pruebas, sin que este deber deba relegarse a quienes son sujetos dentro del proceso.

Cuando, como en el caso que se estudia, la prueba es decretada y no practicada, ésta se está negando de hecho, sin que la persona interesada en ella pueda ejercitar los recursos que sí puede interponer cuando ha sido negada de acuerdo con el discernimiento del juez respecto de su pertinencia, necesidad, etc. La situación descrita, presente en el caso que se estudia, enfatiza el menoscabo que sufrió el demandante en su derecho fundamental del debido proceso.

La Corte concedió el amparo, decretando la nulidad de todo el proceso, desde el momento mismo en que se decretó la práctica de pruebas. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-388-06

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