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Última modificación: 2010-05-13
La existencia y funciones del juez de instrucción penal militar relacionadas con procedimientos de privación de libertad son compatibles con la constitución y no van en contravía de lo establecido en el acto legislativo 03 de 2002

Demanda de inconstitucionalidad de los artículos 509, 519 a 551 de la Ley 522 de 1999, "por medio de la cual se expide el Código Penal Militar" relacionadas con procedimientos relativos a la privación de la libertad. Se fundamenta el cargo de inconstitucionalidad sobreviniente en que en las situaciones contempladas en los artículos demandados sobre captura en flagrancia, medidas de aseguramiento, libertad del procesado; revocatoria de la libertad provisional y las medidas de aseguramiento y libertad para inimputables no interviene el juez de garantías, como lo establece el Acto legislativo No 03 de 2002, sino que lo hace el juez de instrucción militar, en contravía de lo establecido en el artículo 250-1 de la Carta Política, reformado por el Acto Legislativo mencionado. La Corte Constitucinal declaró la exequibilidad de la normas demandadas.

La Corte consideró que para efectos de la demanda de inconstitucionalidad de estos artículos, el demandante presentó la misma línea de argumentación utilizada en relación con su demanda de inconstitucionalidad del Libro Tercero de la Ley 522 de 1999, centrado en las disposiciones señaladas, por lo que declaró la exequibilidad de las normas por las mismas razones, es decir, que en el Acto Legislativo 03 de 2002: 1) No se pretendió establecer de manera inmediata el sistema penal acusatorio en todas las jurisdicciones y procesos especiales y 2) Se introdujeron cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de la Constiutción y no en la parte dogmática. Entonces, por decisión expresa del Congreso de la República en los procesos penales que se surtan ante la justicia penal militar no se aplicarán las nuevas garantías del sistema acusatorio.

La Corte considero, con diferentes argumentos, que ?el legislador, dentro del margen de configuración normativa de que dispone, podría introducir algunas de las garantías procesales del sistema acusatorio al proceso penal militar?. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-928-07

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