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Última modificación: 2010-05-13
Constituye vìa de hecho y violaciòn al debido proceso aplicar el principio de favorabilidad penal en relaciòn con el tiempo de prohibiciòn al sindicado de enajenar bienes sujetos a registro, cuando la norma favorable no habìa entrado en vigor y solamente se contempla para el sistema con tendencia acusatoria

Dentro de un proceso penal por lesiones personales culposas, en el que se escuchó en indagatoria, en febrero de 2004, a dos personas sindicadas, la parte civil solicitó el embargo de un bien inmueble de propiedad de una de ellas, medida que fue decretada el 13 de febrero de 2005. El oficio que ordenaba el embargo del inmueble fue devuelto por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva, por cuanto el bien había sido vendido por compraventa del 22 de agosto de 2004, es decir meses después de habersele recibido diligencia de indagatoria. La parte civil solicitó a la fiscalía correspondiente la nulidad del negocio jurídico sobre el inmueble, lo que efectivamente se declaró, por cuanto el artículo 62 de la Ley 600 de 2000, por la cual se adoptó el Código de Procedimiento Penal, estabecía la prohibición para el sindicado de enajenar bienes sujetos a registro durante el año siguiente a su vinculación al proceso penal. Apelada la decisión, el fiscal competente ordenó revocar la nulidad del negocio jurídico, aplicando el principio de favorabilidad, en tanto que el artículo 97 de la Ley 906 de 2004, dismunía a seis meses la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro. La ley que fue publicada en el Diario Oficial el 1 de septiembre de 2000, implementó de manera progresiva un nuevo sistema procesal penal y debía ser aplicada para el departamento correspondiente al lugar de las conductas penales investigadas a partir del 1 de enero de 2007. Contra esta providencia se presentó acción de tutela por violación del debido proceso, la cual después de haber sido negada por improcedente en dos oportunidades, fue tutelada por la Corte Constitucional. La Corte ordenó a la fiscalía competente que comunique a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva y a la Notaría Única correspondiente la resolución del fiscal para que procedan a registrar la nulidad de la venta del inmueble en la Matrícula Inmobiliaria y se disponga lo correspondiente en el Protocolo de la Notaría.

La Corte Constitucional estableció que al revocarse la nulidad de la compraventa del inmueble que se había embargado dentro del proceso penal en las circunstancias antes descritas, se desconoció el debido proceso penal y se configuró una vía de hecho por defecto sustancial, porque: 1- El bien se enajenó existiendo una prohibición legal de hacerlo antes del año siguiente a la vinculación del sindicado - artículo 62 de la Ley 600 de 2000- y se aplicó una norma de la Ley 906 de 2004, con anterioridad a su promulgación y 2-No se podría aplicar -según jurisprudencia de la Corte- por principio de favorabilidad, la norma que establece una reducción a seis meses la prohibiición al sindicado de enajenar bienes sujetos a registro, ya que este término solo es aplicable y coherente con el nuevo sistema con tendencia acusatoria y ?no guarda ninguna armonía con el anterior sistema.

La resolución proferida por la fiscalía que revocó por ?favorabilidad? la nulidad del negocio jurídico efectuado sobre el inmueble de la sindicada , ?incurrió en una de las causales que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, esto es, un defecto sustantivo, al emplear erradamente disposiciones que no podían ser aplicadas al caso concreto, efectuar interpretaciones inconstitucionales de la ley 906 de 2004, y desconocer las normas rectoras que rigen el procedimiento penal.?




  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1057-07

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