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Última modificación: 2010-05-18
Las víctimas pueden intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos entre la fiscalía y el imputado o acusado, para tales efectos deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo. el juez que apruebe el acuerdo velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías del imputado o acusado ni de las víctimas.

Se demandó la inconstitucionalidad de las expresiones ?Fiscalía y el imputado o acusado?, contenidas en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004, ?Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, en la parte relacionada con quienes pueden llegar a preacuerdos para la terminación del proceso y las expresiones ?la fiscalía y el imputado? y el fiscal y el imputado?, contenidas en el artículo 350 de la misma Ley, relacionado con quienes intervienen en los preacuerdos en los términos de la imputación, por ser violatorio de los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes consideran que las omisión legislativa que aparecen en las normas demandas es inconstitucional porque desconocen el deber que tiene el Estado de garantizar la participación real y efectiva de las víctimas dentro del proceso penal en lo s preacuerdos y acuerdos que realizan la Fiscalía y el imputado o acusado. La Corte Constitucional determinó integrar a este análisis los artículos 351 y 352 de la misma Ley, en cuanto que allí se desarrollan reglas de intervención de los actores procesales referidos en las normas inicialmente demandadas. La Corte declaró la exequibilidad condicionada de dichas normas, en el entendido que las víctimas podrán intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdos realizadas entre el Fiscal y el imputado acusado y que para tal efecto deberá ser oída e informada de su celebración por parte del fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo.

La omisión legislativa que aparecen en las normas demandadas, consistente en la exclusión de las víctimas como actores procesales para intervenir en los preacuerdo y negociaciones sobre los términos de la imputación entre le fiscal y el imputado o acusado es inconstitucional, porque: 1- No es objetiva ni suficiente, en cuanto que se desarrollan en una fase previa al juicio oral y no alterar los rasgos estructurales del sistema adversarial, ni modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido. La intervención de la víctima ?provee a la justicia de información valiosa para determinar si la pena propuesta es aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la administración de justicia? y ?para rectificar información aportada por la defensa y por la fiscalía que puede evitar una sentencia injusta que no se adecue a la verdad de los hechos y su gravedad?; 2- Genera ?una desigualdad injustificada entre los distintos actores del proceso penal, que deja en manifiesta desprotección los derechos de las víctimas?; 3- Implica ?a su vez
un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integra? y 4- No responde a las finalidades que la Ley le atribuye al proceso de negociación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07

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