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Última modificación: 2010-05-18
Quien haya recibido un daño cierto real y concreto originado en una conducta punible, sin que sea exclusivamente ?víctima directa?, podrán solicitar al juez de garantías, en la audiencia de formulación de imputación o posterior a ella, medidas cautelares sobre los bienes del imputado o del acusado para garantizar el derecho a la indemnización de los perjuicios y la reparación pecuniaria en el incidente de reparación integral.

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, ?Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, respecto de la determinación de la calidad de víctima de conformidad con el artículo 132 de la misma Ley, por ser violatorios de los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes consideran que lo demandado vulnera el derecho a acceder a un mecanismo judicial efectivo, por el reconocimiento tardío de dicha calidad, lo que impide que actúe en etapas previas determinantes. La Corte Constitucional determinó la necesidad de efectuar la integración normativa con los artículos 92, inciso primero y segundo, e inciso 2° del artículo 102 de la misma Ley sobre legitimación como perjudicados únicamente a las víctimas directas en relación con la petición de medidas cautelares, su acreditación y la formulación para la reparación exclusivamente económica de este tipo de víctimas, en donde el concepto de víctima está supeditado al daño directo sufrido como consecuencia del injusto. En este caso la Corte declaró contrario a la Constitución y por lo tanto inexequible la expresión ?directa? de las normas integradas.

La expresión ?directa? respecto a la víctima como sujeto habilitado para solicitar ante el juez de control d garantías las medidas cautelares sobre los bienes del imputado o acusado, que garantizarán su derecho a la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito y como limitante al derecho de solicitar reparación pecuniaria en el incidente de reparación integral es contraria a la Constitución, porque la concepción de víctima directa: 1-pone en situación de desventaja a quien acude a la jurisdicción penal para hacer efectivo su derecho a la reparación frente a quien acude, por ser la concepción más amplia, a la jurisdicción civil y contenciosa administrativa para reclamar garantía en el pago de los perjuicios ocasionados por el delito y 2- es contraria a lo establecido en el numeral 6° del artículo 250 de la Constitución, en cuanto que allí se prevé que el restablecimiento del derecho y la garantía de de reparación integral se reconoce a los ? afectados con el delito?, que incluye a las víctimas directas y perjudicados que hubiesen sufrido un daño cierto consecuencia del delito.

La concepción descrita está acorde con la con el precedente de la Corte, según el cual los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación integral están en cabeza de las víctimas y perjudicados con el delito cuando se demuestren el daño cierto, real y concreto originado en la conducta punible. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07

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