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Última modificación: 2010-05-18
La participación de las víctimas de manera directa o por intermedio de apoderado está garantizado desde la fase de la investigación, independientemente que el reconocimiento de su calidad y el de su representación legal se produzca en la audiencia de formulación de acusación

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 340 de la Ley 906 de 2004, ?Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal?, en la parte relacionada con la oportunidad procesal establecida en la norma demandada, es decir, en la audiencia de formulación de acusación, para la determinación de la calidad de víctima y el reconocimiento de su representación legal, por ser violatorio de los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los demandantes consideran que el reconocimiento en esa etapa procesal limita el derecho de las víctimas a acceder a un recurso judicial efectivo, por el reconocimiento tardío de dicha calidad, lo que impide que actúe en etapas previas determinantes. La Corte Constitucional declaró dicha norma compatible con Constitución y por lo tanto exequible.

Si bien es cierto que la determinación de carácter de víctima y el reconocimiento de su representación legal se formaliza en la audiencia de formulación de acusación, también lo es que su participación directa o mediante apoderado está garantizada desde la etapa de investigación, de acuerdo con una interpretación sistemática de la normatividad y los pronunciamientos de la Corte sobre los derechos de intervención de la víctima.

?El artículo 137 del estatuto procesal establece que las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, tienen la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación. Para el ejercicio
de esos derechos no es obligatorio que las víctimas cuenten con representación legal, condición que se hace imperativa a partir de la audiencia preparatoria. Teniendo en cuenta que pese a esta declaración de principio, las normas que desarrollan la intervención de la víctima en el proceso no garantizaban de
manera clara su efectiva participación en distintas fases de la actuación, la Corte Constitucional al ejercer control de constitucionalidad de estas disposiciones ha condicionado su exequibilidad a la garantía de intervención de las víctimas, en fases previas a la formulación de acusación y también posteriores a ella. Así ocurrió en la sentencia C-209 de 2007, en la que mediante un fallo condicionado garantizó la efectiva intervención de la víctima en la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías (Art. 284.2); en la audiencia de formulación de imputación (Art. 289); en el trámite de una petición de preclusión por parte del fiscal (Art. 333); en los momentos en que se produce el descubrimiento, la solicitud de exhibición, exclusión, rechazo o inadmisibilidad de elementos materiales probatorios (Arts. 344, 356, 358 y 359); en las oportunidades para solicitar medidas de aseguramiento (Arts. 306, 316 y 342); en la audiencia de formulación de acusación (Art. 339); y en la audiencia preparatoria formulando solicitudes probatorias (Art. 357, Cfr. sentencia C. 454 de 2006)?. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-516-07

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