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Última modificación: 2010-05-20
La aplicación de la detención preventiva contra la persona que hubiere sido capturada dentro del año anterior a la nueva captura no viola el principio de presunción de inocencia y es una medida razonable en términos de política criminal

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 26, relacionada con la aplicación de detención preventiva para quien hubiere sido capturado dentro del año anterior a la nueva captura, contenida en la Ley 1142 de 2007 ?Por la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana?, en cuanto los demandantes lo consideraron que tal disposición ?de manera ambigua, genérica y abstracta una cláusula innominada de afectación ilegítima del debido proceso por vulneración de la presunción de inocencia, afectando el núcleo esencial del derecho a la libertad personal?, siendo violatorio del preámbulo de la Constitución y de sus artículos 1º, 28, 29 y 250. La Corte Constitucional declaró exequible la norma demandada.

Al declarar exequible la norma que establece como causa para adoptar la medida de detención preventiva contra la persona a la que se hubiere capturado dentro del año anterior a la nueva captura, la Corte tuvo en cuenta: 1) Que la medida de detención preventiva no va en contravía del principio de presunción de inocencia, como lo ha reiterado la propia Corte en varias sentencias; 2) Es al legislador a quien le compete establecer los criterios y conductas que dan lugar a media de aseguramiento, dado la libertad de configuración normativa, en tanto implica ?valoración de aspectos generales de política criminal y de protección de los derechos constitucionales en tensión? y 3) Que tal medida es razonable, en términos de política criminal, en tanto instrumento útil y eficaz de protección de los derechos de la sociedad y de las víctimas, dado que dos capturas en el mismo año puede constituirse en indicador de la necesidad de adoptar la medida para evitar la multiplicidad de delitos y para evitar la fuga o la obstrucción de la justicia de quien ha demostrado su desprecio por la administración de justicia.

La Corte señaló que para tener en cuenta la existencia de esta causa de detención preventiva la primera captura debió ser legítima, es decir, en caso de orden escrita del juez de control de garantías con las formalidades y motivos previamente establecidos en la ley o en flagrancia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-425-08

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