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Última modificación: 2010-05-20
Prohibición de otorgar los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y cualquier otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, cuando la persona hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores

Se demandó la inconstitucionalidad parcial del artículo 32, relacionada con la exclusión de los beneficios o subrogados legales, judiciales o administrativos a quien hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco años anteriores, contenida en la Ley 1142 de 2007 ?Por la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana?, en cuanto los demandantes consideraron tal disposición es violatoria de los artículos 13 y 29 de la Constitución en tanto se trata de una doble sanción por una misma causa y se fundamenta en el peligrosísmo penal. Es abiertamente irrazonable aplicada a personas en situación de debilidad manifiesta como madres cabeza de familia, enfermos o mujeres que dan a luz en la cárcel. La Corte declaró la exequibilidad de la norma demandada.

La Corte al declarar la exequibilidad de la disposición que establece la exclusión de los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional; la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión y cualquier otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, cuando sea efectiva, cuando la persona hubiere sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los 5 años anteriores, tuvo en cuenta que: 1) La norma desarrolla el principio de la libre configuración normativa del legislador y se ajusta a la Constitución porque contiene una medida razonable y adecuada constitucionalmente; 2) Esta situación no corresponde a la aplicación del principio non bis in ídem, por cuanto no se trata de dos sanciones que se imponen por el mismo acto, sino que hace relación al ?deber de cumplir en forma completa la pena impuesta? y 3) ?El concepto de antecedentes penales y contravencionales, regulado en el artículo 248 de la Constitución, está destinado a producir efectos jurídicos que pueden ser tenidos en cuenta por las autoridades públicas como criterio de exclusión o limitación de determinados privilegios. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-425-08

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