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Última modificación: 2010-05-24
La policía judicial podrá adelantar el registro y allanamiento de un bien, dentro de la investigación penal, sin requerir previamente la orden escrita de la fiscalía general de la nación cuando medie consentimiento libre y expreso del propietario o tenedor del bien objeto del registro o de quien pueda ser afectado por el procedimiento, pero deberá someterse tal actuación al juez de control de garantías para que valore sí el consentimiento fue libre y expreso o fue arbitrario o abusivo.

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 230, numeral 1 de la de la Ley 906 de 2004, relacionada con la excepción de exigir orden escrita de la Fiscalía General para que la Policía Judicial pueda proceder al registro y allanamiento, cuando exista ?consentimiento expreso del propietario o simple tenedor del bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro.?, por considerar el demandante que con tal determinación se vulnera el derecho a la intimidad establecido en el artículos 15 de la Constitución Política. La Corte Constitucional declaró el aparte de la norma demandada compatible con la Cata Política y por ende exequible.

La Corte consideró que el consentimiento libre y expreso del propietario o tenedor del bien objeto de registro o de quien pueda ser afectado por el procedimiento constituye una excepción, razonable y proporcionada, a la exigencia de la existencia de la orden escrita por parte de la Fiscalía General de la Nación, para proceder al registro y allanamiento de un bien, en cuanto que el consentimiento de esta manera expresado por los titulares de los derechos afectados supera la sospecha de arbitrariedad que podría darse en un allanamiento sin previa orden escrita y sin ese consentimiento. La norma demandada contiene un motivo previamente establecido: la investigación penal y la formalidad que consiste en que el consentimiento sea libre y expreso, por lo que la ausencia de objeciones por parte del interesado es insuficiente.

La Corte señaló que dicho allanamiento ?debe someterse al examen del juez de control de garantías, quien valorará en cada caso si el consentimiento dado por el afectado por la diligencia de allanamiento fue libre y expreso, o si por el contrario fue fruto de un acto arbitrario o abusivo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-806-09

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