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Última modificación: 2010-07-28
La providencia que indamite una demanda de casación, en el contexto de la ley 600 de 2000, tiene ejecutoria inmediata.

El tutelante quien había sido condenado por el delito de hurto agravado, interpuso ación de tutela contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso penal, derecho de defensa y favorabilidad penal en relación con la negativa de esa Corporación de dar trámite a la reposición, por improcedente, contra la providencia que inadmitió la demanda de casación. Fundamentó la acción, en que el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal, no excluye taxativamente este trámite como sí lo hacía el artículo 197 del Decreto 2700 de 1991. La sentencia que resolvió en primera instancia la tutela negó el amparo de los derechos solicitados como amparados y la de segunda instancia, que resolvió la apelación interpuesta, declaró improcedente la acción. La Corte Constitucional
Confirmó la segunda decisión, es decir, declarar improcedente la acción.

De lo argumentado por la Corte se puede afirmar que no procede, dentro del contexto del 187 de la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal recurso de reposición contra la providencia mediante la cual se inadmite la demanda de casación, ?con la cual finaliza el debido proceso casacional, dada su ejecutoriedad inmediata, sin detrimento de la obligatoriedad de su notificación para efectos de garantizar el principio de publicidad de las decisiones judiciales.?, y por ende es improcedente la acción de tutela.

También señaló la Corte que interpretar de forma distinta la norma, como lo hizo el tutelante, conlleva a la vulneración al ?debido proceso, que además de afectar potencialmente a otros intervinientes en la acción penal, a las víctimas de la conducta juzgada y a la sociedad, constituiría grave desconocimiento de la Constitución e indebida prolongación del trámite casacional? y conllevaría ?congestionar a la corporación accionada pretendiendo una nueva revisión de la demanda, con lo cual, además, sería agraviado el principio de legalidad, en el ámbito procesal nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-133-10

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