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Última modificación: 2012-01-20
La garantía de comunicación a las víctimas opera desde el momento en que ellos entran en contacto con las autoridades, se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y no se reduce a perseguir los perjuicios ocasionados con el delito

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 135 sobre Garantía de comunicación a las víctimas, de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. En términos de la Corte, la censura se fundamenta en que el artículo 135, que regula "La garantía de comunicación a las víctimas" vulnera su derecho a la verdad y a la justicia en cuanto reduce la garantía de comunicación a las víctimas en dos aspectos: limita la comunicación al momento en que la víctima interviene, y reduce sus facultades y derechos a la posiblidad de perseguir los perjuicios ocasionados con el injusto.

Al declarar la Corte la constitucionalidad condicionada del artículo 135 de la Ley 906 de 2004, se fundamentó en que había encontrado que las omisiones que se acusan, son inconstitucionales en cuanto: i) La norma excluye de sus consecuencias situaciones fácticas que deberían estar amparadas por el contenido normativo acusado, como son la aplicación de la garantía de comunicación a fases previas a una "intervención" formal, y respecto de todos los derechos (no solamente la reparación) de que son titulares las víctimas de los delitos. ii) No se aprecia una justificación objetiva y suficiente para la exclusión de fases previas a una intervención formal, o de los derechos a la verdad y la justicia, de la garantía de comunicación que la norma consagra. Por el contrario, el derecho de acceso a la justicia (Art. 229), exige que toda la fase de indagación e investigación esté amparada por la garantía de comunicación a las víctimas sobre sus derechos, y que la misma, se extienda a las prerrogativas y potestades procesales que se derivan de los derechos a la verdad y a la justicia; iii) Al estar desprovistas tales omisiones de una razón objetiva y suficiente, se genera una situación que privilegia de manera injustificada la pretensión indemnizatoria de la víctima, con sacrificio de los derechos de verdad y justicia de que es titular, los cuales han sido reivindicados por la jurisprudencia de esta Corporación. Esta disección en la concepción de los derechos de las víctimas genera a su vez, un desequilibrio en cuanto restringe el alcance de los derechos de las víctimas en el proceso, en contraste con los derechos de otros actores procesales, desvirtuándose así el carácter bilateral del derecho a una tutela judicial efectiva; iv) Las omisiones acusadas implican el incumplimiento de un deber constitucional del legislador, quien está obligado a ajustar la configuración de los derechos de participación e intervención de las víctimas en el proceso penal a los principios de acceso al proceso (Art. 229), de todos los actores que participan en el conflcito penal, así como a la concepción integral de los derechos de las víctimas derivada de los artículos 1º, 2º y 93 de la Carta, en los términos establecidos en esta sentencia.

Por lo tanto declaró EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-454-06

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