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Última modificación: 2012-05-17
La figura de la alternatividad penal establecida en la ley 975 de 2005 no constituye una desproporcionada afectación de la justicia ni indulto o perdón de la pena; su otorgamiento exige la colaboración con la justicia dirigido al logro efectivo de los derechos de las víctimas y no elimina las penas impuestas por hechos ocurridos antes de la desmovilización

Se demandaron algunas normas de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, con la consideración que el beneficio de alternatividad penal, es decir, la suspensión de la pena impuesta en la sentencia a los desmovilizados y su reemplazo por otra alternativa que contribuyan con la consecución de la paz, colaboren con la justicia, reparen a las víctimas y tengan una adecuada resocialización, constituye impunidad y afecta excesivamente los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, así como otros valores, principios y derechos constitucionales.

En el anterior contexto la Corte Constitucional decidió hacer el estudio conjunto de los artículos 3°, sobre alternatividad; 19 ( parcial), sobre la aceptación de cargos hallada conforme a derecho; 20 sobre acumulación de procesos y penas; 24 relacionado con el contenido de la sentencia y la alternatividad y 29 ( parcial) sobre pena alternativa.

La Corte Constitucional declaró compatible con la Constitución, salvo la inexequibilidad que se señala posteriormente, los artículos 3? constitucionalidad condicionada; 19 ( parcial),; 20 ; 24 y 29 ( parcial) e relación con los cargos relativos a la figura de la alternatividad, en tanto que tal figura no conlleva una desproporcionada afectación del valor justicia , ya que en la sentencia contra los desmovilizados se impone originalmente una pena, principal y accesoria, que debe atender los límites del Código Penal, la proporcionalidad con el delito por el que se ha condenado y la cual debe cumplir el desmovilizado cuando no se ciña a los requisitos bajo los cuales se otorga la suspensión de la pena y que están dirigidos a ?satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.?

Dentro de ese contexto, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 3° de la ley citada. La disposición supedita la suspensión de la pena del desmovilizado a la ?colaboración con la justicia?, y por tal colaboración debe entenderse aquella ?dirigida al logro efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.?

La Corte Constitucional declaró contrario a la Constitución, la expresión ?pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley?, establecida en el inciso 2° del artículo 20 de la Ley 975 de 2005, sobre la acumulación de proceso y penas, porque la eliminación de las condenas impuestas por hechos delictivos que los desmovilizados hubieren cometido con anterioridad a su desmovilización ?equivale a una afectación manifiestamente desproporcionada del derecho de las víctimas a la justicia y podría ser interpretado como un indulto disfrazado.? nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06

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