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Última modificación: 2012-05-17
Los miembros de grupos armados al margen de la ley, dentro del proceso de reincorporación a la vida civil, deben confesar desde la versión libre todos los hechos delictivos cometidos con ocasión a su pertenencia a esos grupos, so pena que no se conceda el beneficio de alternatividad penal o se revoque

Se demandó el artículo 25 (parcial) de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, con relación a las expresiones,? sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley?, y su inciso final, respecto del beneficio de alternatividad por hechos conocidos con posterioridad a la sentencia en donde se les concedió al desmovilizado el beneficio de pena alternativo o el indulto, por cuanto consideraron que tales apartes permiten a los desmovilizados beneficiados con la alternatividad no decir toda la verdad sobre los delitos cometidos, con lo cual se vulneran los derechos de las víctimas a la verdad y reparación.

Al analizar los apartes demandados del artículo 25 citado, La Corte considero necesario estudiar conjuntamente los artículos 17 (parcial) sobre versión libre y confesión y artículo 29 (parcial), en cuanto respecta a los requisitos para gozar del beneficio de la libertad a prueba.

La Corte declaró contrario a la Constitución la parte del artículo 25 de la Ley 975 de 2005, ?sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.? y el inciso 2º de la misma norma, según la cual ?Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba?, porque ?el Estado estaría renunciando a su deber de adelantar investigaciones serias y exhaustivas sobre los hechos dentro de un plazo razonable, y estaría sacrificando desproporcionadamente el derecho de las víctimas a conocer la verdad integral y fidedigna de lo ocurrido.?

Dentro del anterior contexto, la Corte declaró acorde con la Constitución el artículo 17, sobre versión libre y confesión analizado conjuntamente, en tanto que la versión libre debe ser completa y veraz, sobre todos los hechos criminales en los que participaron como miembros del grupo armado organizado al margen de la Ley, como medida ?indispensable para satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad y el interés de la sociedad en la construcción de memoria histórica.?

También dentro de este análisis, la Corte declaró compatible con la Constitución el inciso 5° del artículo 29 ya citado, sobre la extinción de la pena principal, la revocatoria de la libertad a prueba y la aplicación de la pena inicialmente impuesta, siempre que se entienda que ?también se revocará el beneficio de alternatividad cuando el beneficiario haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.? nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-370-06

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