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Última modificación: 2012-05-18
Los beneficios en favor de los miembros de grupos armados al margen de la ley privados de la libertad que conceden las leyes 975 de 2005 y 782 de 2002, además de la providencia judicial que establezca su pertenencia a dicho grupo, requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en ellas , garantizando el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición

Se demandó el parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 ?por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios?, relacionado con los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva y con respecto al acceso a los beneficios de la Ley 975 de 2005 y de la Ley 782 de 2002 en favor de los miembros de grupos armados al margen de la ley privados de la libertad, siempre que en las providencias judiciales se establezca la pertenencia al grupo, porque consideran lo actores que otorgar beneficios por el solo hecho de pertenecer a estos grupos desconoce el derecho a las víctimas a la justicia al no hacerse la ?distinción entre los tipos de delincuentes, ni las clases de crímenes cometidos, esto es, si son de lesa humanidad, internacionales o delitos de sedición, ni al exigir tampoco un mínimo de cumplimiento de las penas impuestas?. La Corte Constitucional declaro compatible con la Constitución el parágrafo demandado.

Los beneficios de que trata la Ley sobre la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional -Ley 975 de 2005- y la que consagra instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia ?Ley 782 de 2002- están supeditados ?al cumplimiento del conjunto de requisitos y obligaciones que en la misma ley se imponen para la concesión de dicho beneficio y no simplemente al que se señala expresamente en la norma de que ?en providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo?.

La disposición demandada deben ser examinadas ?de manera sistemática con el conjunto de la ley y particularmente con el entendimiento que dio la Corte del beneficio de la alternatividad al condicionar la exequibilidad del artículo 3 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que dicha alternatividad y la colaboración con la justicia que en ella se exige deben estar encaminadas a ?lograr el goce efectivo de los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición?. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06

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