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Última modificación: 2012-05-18
La determinación del establecimiento de reclusión en donde deban cumplir la pena los desmovilizados condenados es un acto administrativo a cargo de gobierno nacional

Se demandó el artículo 30 de la Ley 975 de 2005, relacionado sobre la determinación por parte del Gobierno Nacional del establecimiento de reclusión en donde los desmovilizados condenados debe cumplirse la pena efectiva, en tanto que vulnera el principio de separación de poderes. La Corte Constitucional declaró exequible el aparte demandado.

La Corte consideró que no existe vulneración del principio de separación de poderes cuando la norma faculta al Gobierno Nacional para determinar el establecimiento de reclusión en donde los condenados cumplirán la pena , en tanto que que tal decisión no es corresponde a una función judicial, no es un actuación de administración de justicia y en cambio si corresponde con un acto propio de la función administrativa. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-575-06

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