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Última modificación: 2012-08-06
La inconstitucionalidad de la obtención de la prueba obtenida ilícitamente, no se subsana con la convalidación efectuada por el procesado.

El demandante considera que la medida de aseguramiento dictada por la Fiscalía General de la Nación, vulneró sus derechos fundamentales en tanto se apoyó en pruebas obtenidas ilícitamente, es decir, nulas de pleno derecho.

Al respecto, la Corte consideró que la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales encuentra sustento en un principio ético del Estado de Derecho que impide que el Estado imponga una sanción por la comisión de un delito sobre la base de la comisión de otro, esto es, sobre la base de la obtención de una prueba que, por ser violatoria de derechos fundamentales, es contraria al régimen jurídico. Agregó, que como lo ilícito no genera derechos para los sujetos jurídicos, el Estado no puede aprovecharse de hechos ilícitos para justificar el ejercicio de sus competencias. El ius punendi del Estado se eleva sobre la pretensión de legalidad de sus actos, por lo que la legitimidad de sus fines depende de la legitimidad de sus medios. De allí que sea contrario al Estado de Derecho ?Estado de la legitimidad y la regla jurídica- que, con fundamento en un elemento injurídico, se persiga la imposición de una consecuencia jurídica. La contradicción en los términos impide la realización legítima del fin estatal y obliga a la administración de justicia a expulsar del proceso judicial toda herramienta tachada de ilicitud. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-233-07

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