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Última modificación: 2012-10-20
La figura procesal de la sentencia anticipada consagrada en el decreto 2700 de 1991, modificado por la ley 81 de 1993, y la aceptación unilateral o allanamiento a los cargos que contempla la ley 906 de 2004, son instituciones análogas, con regulaciones punitivas diferentes, razón por la cual es procedente el principio de favorabilidad penal

El demandante estima vulnerado el derecho al debido proceso, bajo la consideración de que se ha negado la aplicación del principio de favorabilidad penal consagrado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.

A juicio de la Corte, tanto la sentencia anticipada del decreto 2700 de 1991,modificada por la Ley 81 de 1993, como el allanamiento a los cargos de la Ley 906 de 2004, demandan la asistencia de defensor; una y otra puede presentarse desde la vinculación formal del procesado o imputado; en los dos eventos la aceptación de cargos constituye el fundamento de la acusación o de la sentencia; frente a los dos institutos el fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena; en ninguno de los dos eventos es admisible la retractación; frente a los dos sucesos el juez de conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la nulidad, dependiendo de si se afectan o no garantías fundamentales; para efectos de la concreción punitiva, en uno y otro evento el juez debe acudir al sistema de cuartos. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-356-07

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