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Última modificación: 2012-11-02
La omisión de nombrar defensor de oficio, una vez se ha acudido a la declaratoria de persona ausente, vulnera el debido proceso.

A juicio de la Corte, la necesidad de cumplir con este requisito, ha sido constantemente resaltada por la jurisprudencia constitucional, señalándola, incluso, como sustento para la exequibilidad de la figura. En este caso, sin embargo, transcurrieron cerca de tres años entre la declaratoria de persona ausente (18 de abril de 2001) y el nombramiento del defensor (14 de mayo de 2004). No escapa a esta Sala el hecho de que en la providencia en que se declaró persona ausente al actor, se señaló la dificultad de encontrar abogados litigantes en la región, lo que podría llevar a pensar en la ocurrencia de la llamada vía de hecho por consecuencia. Sin embargo, de acuerdo con el expediente, cuando otro funcionario de la misma seccional, tuvo el conocimiento del caso (tres años después, se reitera), procedió a nombrarle defensor de forma casi inmediata. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-737-07

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