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Última modificación: 2012-11-02
Las condiciones para que la fiscalía general de la nación lleve a cabo capturas excepcionales, deben estar plasmados claramente en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordena la captura

Se demandó la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley 1142 de 2007, por infringir los artículos 2, 4, 28, 93 y 250 de la Constitución, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 9 del PIDCP.

La Corte indicó que en cuanto a las formalidades que deben darse para la expedición de la orden, en la captura ordenada por el juez de control de garantías, el artículo 296 de la Ley 906 de 2004 exige orden previa escrita con las formalidades legales, y motivada. En la captura excepcional por el Fiscal o su delegado, también se exige orden escrita y motivada. En cuanto al fundamento que justifica la expedición de la orden de captura, en la captura ordenada por el juez de control de garantías, el artículo 19 de la Ley 1142 de 2007, exige la existencia de ?motivos razonablemente fundados,? los cuales, según lo que establece el artículo 221 de la Ley 906 de 2004, deben estar sustentados en informes de la policía judicial, en declaraciones juradas de testigos o informantes, o en elementos materiales probatorios y evidencia física. Por su parte, el artículo 21 de la Ley 1142 de 2007 señala que la orden de captura excepcional dictada por el Fiscal General o su delegado debe estar fundada en motivos serios y de fuerza mayor, que muestren que no se encuentra disponible un juez que pueda proferir la medida. En este evento, la norma no exige expresamente que tales motivos estén fundados en elementos probatorios, ni que la motivación deba basarse en una constatación fáctica de la imposibilidad de acudir a un juez de control de garantías para que expida la orden. Estos elementos carecen de la suficiente concreción, precisión y determinación que requiere la fijación de los límites y eventos en que excepcionalmente la Fiscalía General puede realizar capturas, tal y como lo exige el artículo 250 (1) Superior. La expresión ?motivos serios y de fuerza mayor? y el criterio de la falta de ?disponibilidad? del juez de control de garantías, dan lugar a las más variadas hipótesis y supuestos que dejan a la discrecionalidad del propio fiscal que ha de efectuar la captura, la determinación de esas circunstancias.

Por lo anterior, encuentra la Corte que el empleo del calificativo ?serios? que se le otorga a los motivos por los cuales no se encuentra disponible un juez para ordenar una captura, es ambiguo e indeterminado. En estas condiciones, el Fiscal General de la Nación o su delegado pueden fijar a su arbitrio cuándo un motivo es lo suficientemente serio para demostrar que el juez de control de garantías no se encuentra disponible, sin que tal demostración tenga como base un fundamento objetivo que justifique esta medida excepcional, en materia tan grave como lo es la restricción de la libertad. Así mismo, considera la Corte que los motivos de fuerza mayor en el contexto de la norma, exigen un esfuerzo interpretativo que queda en cabeza de quien aplica la medida, con una amplitud tal que se desvirtúa la excepcionalidad que previó el constituyente para una medida tan restrictiva de la libertad. En esas condiciones, esos calificativos no cumplen en manera alguna, los parámetros del principio de legalidad consagrado por la Constitución en su artículo 29 ni por los lineamientos señalados en la jurisprudencia constitucional, pues los motivos y las condiciones para restringir la libertad deben ser plasmados claramente en la ley y no pueden quedar a discreción de quien ordene la captura. La exigencia de que haya ?motivos serios y de fuerza mayor? impone una carga probatoria inferior al fiscal que la que tiene el juez de control de garantías para ordenar la captura de una persona. La vaguedad de estos dos criterios, el hecho de que es el propio fiscal el que los aprecia de manera subjetiva y la amplitud de interpretaciones a que ellos dan lugar, pueden llegar a convertir en regla general la captura ordenada por el Fiscal General. Por esta razón, serán declaradas inexequibles estas dos expresiones. También encuentra la Corte que el criterio ?disponible? es ambiguo y permite una amplitud de interpretaciones al arbitrio del Fiscal o su delegado que permitiría convertir la expedición excepcional de órdenes de captura en una regla general. En efecto, dentro del concepto ?disponible? cabe que el juez no exista, no esté en el lugar, no sea accesible, no está a disposición del fiscal, no responda a las solicitudes del fiscal de manera oportuna, en fin. Por lo tanto, esta expresión también es declarada inexequible. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-185-08

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