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Última modificación: 2006-08-01
Principio de legalidad

La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del principio de legalidad penal como una de las principales conquistas del constitucionalismo, pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que les permite conocer previamente las conductas prohibidas y las penas aplicables. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y la Constitución lo incorporen expresamente al establecer que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (Constitución Política, artículo 29).

La Corte ha precisado que en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente los hechos punibles, no es suficiente, y debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como principio de tipicidad, el cual implica que las conductas punibles deben estar descritas inequívocamente y que las sanciones por imponer estén también previamente predeterminadas. La ley debe señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta el juzgador al imponer en concreto el castigo. Solo el Legislador puede contemplar por vía general y abstracta la conducta delictiva y la sanción que le corresponde. Por consiguiente, la Corte considera que si la norma acusada no establece claramente, de manera directa o por remisión a otras disposiciones legales, cuáles son las penas aplicables, se encuentra viciada de inconstitucionalidad, pues, contrariamente a lo ordenado por la Carta, sería el funcionario judicial, ?ex post ipso?, quien definiría las sanciones, y no la ley en abstracto y de forma previa. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-843-99

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