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Última modificación: 2006-08-01
Implicaciones del principio de taxatividad penal

De acuerdo con la Corte, el principio de estricta legalidad o taxatividad tiene dos implicaciones naturales: (i) la prohibición de la analogía (ii) la proscripción de los tipos penales ambiguos. En efecto, si se permite o se ordena al juez aplicar analógicamente un tipo penal, o si la descripción penal no es inequívoca sino ambigua, entonces el respeto al principio de legalidad es puramente formal, y pierde gran parte de su sentido garantista, pues los ciudadanos no sabrían con exactitud, y de manera previa, cuáles son las conductas prohibidas. La indeterminación de la ley, o la permisión de la analogía en perjuicio del procesado, tiene entonces como efecto que el funcionario judicial deja de estar verdaderamente vinculado a la ley, pues los jueces, con posterioridad a los hechos, son quienes definen en concreto cuáles son los delitos. Por ello esta Corporación había indicado que la Constitución prohíbe la vaguedad o ambigüedad de las normas penales.

En materia penal el principio de legalidad vincula no sólo a los jueces sino al Legislador pues ese principio constitucional consagra un doble mandato: ordena a los jueces que sólo sancionen conductas previamente establecidas en la ley, pero a su vez, impone al Legislador el deber de definir de tal manera las conductas punibles, que éstas sean inequívocas y empíricamente verificables. Sólo así los jueces estarán verdaderamente sometidos a la ley y se asegura el derecho de defensa de los acusados, quienes tienen entonces la posibilidad de refutar en el proceso las acusaciones precisas que les formula el Estado. nota 1

En otro caso, el actor alegó que la sentencia condenatoria violaba el principio de legalidad de la pena y el de favorabilidad, pues a su juicio se tasó mal la pena. También consideró que el juzgador incurrió en un yerro pues para la época de la comisión de los hechos no era funcionario público sino un particular de manera que no podía incurrir en el delito de cómplice de peculado. El actor llevó el proceso penal hasta el recurso de Casación excepcional el cual fue inadmitido, posteriormente se negó el recurso de reposición frente a la inadmisión. La acción de tutela fue negada en primera instancia.

A juicio de la Corte, el principio de la legalidad de la pena incluye necesariamente dos aspectos, a saber: i) que la determinación de las penas que correspondan a cada delito en abstracto, necesariamente tienen que ser definidas por la ley, incluyendo las que correspondan a las circunstancias agravantes o atenuantes y aquellas a que puedan hacerse acreedores quienes sean autores o partícipes en cualquier grado, del hecho delictual; ii) el segundo aspecto corresponde al juez que en su aplicación desciende de la norma legal para hacerla actuar en forma concreta, individual y subjetiva, que es lo que se conoce como la dosimetría de la pena. Así las cosas, en el sentido de la acción impetrada el sentenciador quebranta de manera ostensible el principio de la legalidad de la pena y el debido proceso, pues es evidente que el Tribunal incurrió en un yerro trascendente en la determinación concreta de la pena, pues para determinarla debería proceder ?dentro de los límites señalados por la ley? (artículo 61 Código Penal de 1980).

Ello significa que, a partir de la pena señalada para el peculado por uso (artículo 134 del mismo Código), o sea la de uno a cuatro años de prisión (doce a cuarenta y ocho meses), al cómplice debería disminuírsele ?de una sexta parte a la mitad? (artículo 24, Código citado). Contrariando tales disposiciones, el fallador, pese a la inexistencia de antecedentes penales del actor en esta tutela, sin que medien tampoco circunstancias de agravación punitiva y sin que se encuentre establecido el grado de mayor eficacia en la contribución o ayuda para la comisión del delito, ni mucho menos porque así lo indique la personalidad del procesado, en lugar de disminuir la mitad al mínimo de la pena, le redujo solamente la sexta parte.

La Corte decidió revocar la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia y en su lugar concedió la tutela impetrada por violación del derecho al debido proceso en que se incurrió por infracción a la legalidad de la pena. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-559-99
  2. Corte Constitucional, Sentencia T-673-04

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