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Última modificación: 2006-08-01
No existe una indeterminación insuperable en la definición de la sanción cuando el legislador establece sus elementos básicos

La Corte ha sostenido que el principio de legalidad como integrante del debido proceso exige la determinación clara, precisa y concreta de la sanción que se deberá imponer a quienes incurran en hechos proscritos en la Constitución y la ley. Aunque no es fácil establecer de manera precisa cuándo una norma deja de contener los ingredientes normativos requeridos para producir certeza sobre la definición de la conducta es claro que se proscriben las definiciones de una generalidad, vaguedad e indeterminación tal que no ofrezcan la certeza requerida para hacer exigible las sanciones que se derivan de la conducta descrita y que le otorgan un amplio poder discrecional a la autoridad judicial para aplicar la respectiva norma. De acuerdo con la Corte, cuando se presenta una indeterminación insuperable en la descripción de las penas se viola el principio de legalidad, lo que no ocurre cuando el Legislador ha señalado elementos básicos de la sanción. nota 1

En otro caso, se demandó parcialmente el Art. 14 de la Ley 890 de 2004: ?Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo.(...)?. Para el actor, en la disposición contenida en la norma demandada existe una indeterminación de las consecuencias jurídicas de gran parte de las conductas punibles contempladas en la parte especial del Código Penal, al incrementar de manera imprecisa y genérica, en una tercera parte, el mínimo de las penas previstas en los tipos penales correspondientes y en consecuencia vulnera los Arts. 13, 28 y 93 de la Constitución, es decir, el principio de legalidad en sentido estricto o de tipicidad penal, el derecho a la igualdad y a la libertad. Para el actor, el problema central radica en el hecho de que las penas mínimas previstas en cada una de las normas jurídicas contenidas en la Parte Especial del Código Penal no contemplan siempre múltiplos o submúltiplos del número 3, con lo que en incontables ocasiones la pena habrá de establecerse ?por aproximación?.

La Corte enmarca el problema aclarando que el principio de legalidad en materia penal es insuficiente y debe ir acompañado de un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual, las conductas punibles y las penas deben ser no sólo previa sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley. En cuanto al cargo por violación al principio de legalidad, la Corte considera que no hay tal violación pues de acuerdo con la Lógica Jurídica, ante la imposibilidad de que el número de años previsto en los tipos penales sea todas las veces exactamente divisible por tres (3), de modo que el aumento dispuesto sea preciso en años, en números enteros, lo procedente es que el juez penal al individualizar aquellas haga una previa conversión de las mismas a meses, multiplicando el número de años por el equivalente de un año en meses, esto es, por doce (12) meses, de suerte que, por ser este número un múltiplo de tres (3), el producto de la multiplicación será siempre divisible por tres (3) y, por ende, el aumento será siempre exacto en meses, en números enteros. De esta manera, el juez penal al resolver cada caso sometido a su consideración no sustituye al legislador y cumple estrictamente la voluntad de éste de aumentar con exactitud las mencionadas penas. En cuanto a la supuesta violación al principio de igualdad la Corte se inhibe por falta de un cargo concreto.

La corte decidió declarar exequible el aparte ?las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo? contenido en el Art. 14 de la Ley 890 de 2004, por el cargo de violación del principio de legalidad. A su vez, la Corte se declaró inhibida para adoptar una decisión de fondo en relación con la violación del principio de igualdad. nota 2



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-232-02
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-238-05

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