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Última modificación: 2006-08-01
Deber de notificar providencias judiciales que quedan ejecutoriadas en el momento de ser suscritas por el funcionario judicial

Se demandó parcialmente el artículo 187 del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que regula la ejecutoria de las providencias judiciales. Este artículo establece en su primera parte como regla general, que las providencias quedan en firme tres días después de ser notificadas si no se han interpuesto los recursos procedentes. Luego, en el inciso segundo parcialmente demandado, señala una excepción a esa regla. Según ésta, las siguientes providencias quedan en firme el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente: las decisiones sobre recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias; la consulta; la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma; y la acción de revisión.

En concepto del demandante el aparte del artículo demandado desconoce el debido proceso y el principio de publicidad en las actuaciones penales, en la medida en que permite que ciertas sentencias y providencias interlocutorias queden ejecutoriadas sin que hayan sido notificadas o publicadas. De acuerdo con la Corte, las decisiones que ponen fin a una instancia judicial o que resuelven una acción extraordinaria, en este caso, las sentencias que deciden la consulta y la casación, salvo cuando se sustituya la providencia materia de la misma y la acción de revisión, deben ser notificadas con el objeto de poder exigir el cumplimiento voluntario o coactivo de las decisiones judiciales y, en general, para que éstas produzcan plenos efectos jurídicos. El principio de publicidad es la regla general que gobierna las actuaciones judiciales, por lo que toda excepción a este principio debe operar de forma restrictiva y estar justificada a partir de los fines y valores previstos en la Carta y en las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos.

Dada la existencia de una duda razonable sobre el entendimiento de la expresión acusada, la Corte concluye que el alcance del principio de favorabilidad en la interpretación de los textos legales implica que el operador jurídico debe optar por aquella hermenéutica, según la cual esas providencias deben ser notificadas. Por ello, la Corte también excluirá del ordenamiento la interpretación de la norma acusada, según la cual se exceptúa de notificación a las providencias que deciden los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias. Concluye que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente, a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las órdenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación. Por lo anterior, se declara exequible la disposición acusada, en el sentido que los efectos jurídicos se surten a partir de la notificación de las providencias respectivas. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-641-02

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