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Última modificación: 2006-08-01
Imposibilidad de efectuar notificación personal afecta derecho de defensa del recluso

Se demandan los numerales 2 y 3 del inciso 2 del artículo 184 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal) los cuales establecen que por razones de caso fortuito o fuerza mayor originadas en el centro de reclusión y por razones de salud física o mental del sindicado, se entiende surtida la notificación personal al sindicado privado de la libertad con la notificación personal a su defensor. Para el actor estas normas violan el artículo 29 de la Carta al avalar una notificación ficticia que impide que el procesado detenido interponga los recursos pertinentes contra la providencia que no se le notificó. Ni la enfermedad física o mental, ni el caso fortuito o la fuerza mayor, son eventos necesariamente atribuibles al preso, por lo que aplicarle a éste las consecuencias desfavorables de la falta de notificación, quebranta su derecho a ser oído en juicio, desconociendo el deber del Estado de agotar todas las alternativas para lograr la notificación del incriminado.

La Corte considera que la medida es efectiva para lograr un fin en principio legítimo, como es evitar dilaciones en el trámite del proceso penal. Sin embargo al analizar la proporcionalidad de cada uno de los supuestos normativos la Corte encuentra que la restricción es superior a los beneficios que pretende el objetivo legítimo. Respecto del caso fortuito o la fuerza mayor en centros de reclusión, la Corte considera que la restricción es desproporcionada porque:

i) La dilación en el trámite que por fuerza mayor se produce no puede ser calificada de ?injustificada? y dado que el artículo 29 de la Carta consagra el derecho a un debido proceso ?sin dilaciones injustificadas?, no excluye la suspensión de los procesos por causas justificadas como en los casos de fuerza mayor, con lo cual el constituyente restringió el alcance del principio de celeridad en garantía de los demás derechos que conforman el debido proceso;

ii) La disposición perjudica exclusivamente al recluso, quien ve limitado su derecho de defensa al no poder enterarse personalmente de las decisiones judiciales, sin que el proceso se suspenda por la fuerza mayor no imputable a culpa suya, con lo cual se afecta el principio de igualdad;

iii) La fuerza mayor originada en el centro de reclusión excluye la posible comunicación entre defendido y defensor, que haría legítima la presunción de notificación, pues si para el servidor judicial es imposible hacer la notificación personal, para el defensor será igualmente imposible comunicarse con su defendido;

iv) Acaecida la fuerza mayor en el centro de reclusión es deber del Estado procurar el inmediato restablecimiento del orden, que permita la realización de diligencias de notificación personal y, mientras no lo haga, no puede proseguir con el trámite del proceso obviando la notificación al amparo de las circunstancias, pues ello equivale, en cierta forma, a alegar su propia culpa;

v) La norma supone que como el defensor intervendrá en el proceso a favor del defendido, es innecesaria la notificación y comparecencia de éste último, con lo cual parece equiparar la defensa técnica con la defensa material del inculpado, desconociendo la oportunidad real de ejercer ésta última. El artículo 29 de la Constitución indica que el derecho de defensa no se limita a la facultad de ser asistido por un abogado, sino que se extiende a la posibilidad del sindicado de intervenir directamente en el proceso;

vi) Se produce una restricción del derecho de escoger el defensor, pues al tenor del inciso final del artículo 184, parcialmente acusado, ?en caso de excusa válida o renuencia a comparecer del defensor (para recibir esta notificación) se le reemplazará por uno público o de oficio con quien se continuará la actuación?. Por todo lo anterior, si ocurre fuerza mayor o caso fortuito, respecto del procesado se suspenderá el proceso mientras duren los hechos imprevistos e irresistibles, aplicando el artículo 152 del Código de Procedimiento Penal.

En cuanto a las razones de salud física o mental del sindicado como causal que justifica la notificación supletiva, la Corte hace algunas distinciones. Respecto de las condiciones físicas y mentales transitorias presentes al momento de hacerse la notificación, la solución adoptada por el legislador para no entorpecer el desarrollo del proceso es desproporcionada, pues supone un sacrificio del derecho de defensa del individuo privado de la libertad que es superior al beneficio constitucional que la norma pretende lograr. En efecto, si el estado mental o físico del reo le impide temporalmente conocer la providencia que se le notifica, forzoso es concluir que durante la perturbación tampoco está en condiciones de adelantar su defensa y de participar activamente en el proceso, lo cual es inadmisible desde el punto de vista de los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución, que garantiza la presencia real del inculpado en el proceso.

La desproporcionada lesión del derecho de defensa y del principio de publicidad del procedimiento que ocasiona la disposición debe evitarse acudiendo a la suspensión justificada del proceso respecto del procesado privado de libertad, mientras recobra la lucidez o su capacidad física necesaria para enterarse de la providencia que se le notifica, aplicando el artículo 152 del estatuto procesal penal. En lo que respecta a las razones de salud mental permanentes, la persona no puede comprender el acto que se le notifica por lo cual deben aplicarse los artículos 374 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. La solución contraria, adoptada por la norma, que propone adelantar el trámite procesal desconociendo la incapacidad mental del procesado, y su imposibilidad para hacerse presente dentro del trámite, lesiona el derecho de defensa del enfermo mental, desconoce su dignidad y la necesidad de especial protección por parte del Estado.

Respecto de las perturbaciones físicas permanentes, el juez analizará si el procesado está afectado también en sus capacidades intelectuales, de manera que se le impida conocer y comprender el acto procesal que se le notifica, para proceder según el Código de Procedimiento Penal, como en el caso de los enfermos mentales permanentes. En conclusión, las dos causales que contempla el artículo 184 del Código de Procedimiento Penal deben ser declaradas inexequibles. La notificación supletiva de la personal, significa un sacrificio desproporcionado del derecho de defensa del privado de la libertad, del principio de publicidad del procedimiento y de la dignidad y especial merecimiento de un trato protector que se reconoce a la persona en condiciones de debilidad manifiesta, de acuerdo con el artículo 13 de la Carta, prescripción que es desatendida por la norma. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-648-01

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