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Última modificación: 2006-08-01
Prevalencia del derecho a la defensa técnica sobre la defensa material

Se demandan parcialmente los artículos 137 y 144 del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior). El artículo 137 del Código de Procedimiento Penal otorga al sindicado, "para los fines de su defensa", los mismos derechos de su defensor. El artículo, en el aparte demandado dispone que "cuando existan peticiones contradictorias entre el sindicado y su defensor, prevalecerán estas últimas?. La Corte, al declarar la exequibilidad de la norma señaló que ante las contradicciones que pudieren presentarse, el concepto de defensa técnica, quedaría desvirtuado si la actuación del profesional del derecho quedara supeditada al criterio de cualquiera otra persona, incluído el sindicado que, por carecer de un adecuado conocimiento en materias jurídicas no esté en condiciones de procurar el correcto ejercicio de las prerrogativas consagradas en el artículo 29 de la Carta y en diversas normas del estatuto procesal penal.

La defensa técnica adquiere toda su dimensión cuando en aras de la vigencia de esas prerrogativas y garantías se le otorga el predominio a los criterios del abogado, sustentados en el conocimiento de las reglas y labores anejas al ejercicio de su profesión. La parte cuestionada del artículo 137 lejos de contrariar el mandato constitucional lo que hace es desarrollarlo a cabalidad. Para la Corte, aun en el caso de que el sindicado sea abogado es admisible la prevalencia de los criterios y peticiones del defensor, quedando a salvo, la facultad que le asiste al poderdante de revocar el mandato judicial en el caso de inconformidad con la representación. Cada procesado no puede tener sino un defensor, lo cual no obsta para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Penal el defensor y el apoderado de la parte civil puedan designar suplentes que, una vez posesionados ante el juez, sin necesidad de observar mayores formalismos, quedan facultados para intervenir, alternativa mas no conjuntamente, en la actuación procesal.

La Corte considera que exigir al suplente acreditar legitimación de su personería y la calidad de abogado acusan un alto grado de formalismo que no resulta indispensable, por cuanto la designación de los suplentes se hace bajo la responsabilidad del defensor principal quien es aval de la idoneidad y preparación profesional del suplente y aunque debe tenerse especial cuidado en la aplicación de esta figura, ello no significa que sea inconstitucional, porque, de otra parte, contribuye a sortear las dificultades en que pueda encontrarse el defensor principal, propendiendo así el cumplimiento y la observancia cabal del derecho de defensa. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-657-96

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