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Última modificación: 2006-08-01
La investigación integral es un deber de los funcionarios judiciales quienes deben practicar las pruebas que resultan fundamentales

El actor interpuso acción de tutela por considerar que su derecho al debido proceso y su derecho de defensa habían sido vulnerados, porque durante el proceso penal que cursó en su contra, el juzgador se abstuvo de practicar las pruebas que el actor consideraba necesarias para demostrar su inocencia. Si bien la Corte no tuteló el derecho del actor por considerar que existían otros recursos mediante los cuales podría proteger su derecho, sostuvo que el imperativo de la investigación integral sólo obliga al funcionario judicial a practicar aquellas pruebas que objetivamente resulten pertinentes y que puedan ser obtenidas a través de un esfuerzo razonable. Sin embargo, cualquier decisión judicial en este sentido debe ser motivada suficientemente, pues en este ámbito no existe espacio para la arbitrariedad judicial. El funcionario judicial vulnera el derecho de defensa y desconoce el principio de investigación integral, en aquellos casos en los cuales deja de solicitar, o practicar sin una justificación objetiva y razonable, aquellas pruebas que resultan fundamentales para demostrar las pretensiones de la defensa nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-589-99, en el mismo sentido ver las Sentencias T-055-94 y T-436-92

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