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Última modificación: 2006-08-01
La defensa técnica ejercida por estudiantes de consultorio jurídico es legítima en casos excepcionales

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 131 del Código de Procedimiento Penal, conforme a la cual los estudiantes de Derecho adscritos a los consultorios jurídicos pueden ejercer la función de defensores en los procesos de competencia de los jueces penales o promiscuos municipales, en el entendido que la facultad allí consagrada la pueden ejercer los estudiantes de Derecho adscritos a los consultorios jurídicos siempre y cuando en el lugar correspondiente no existan abogados titulados o temporalmente habilitados según la ley, o ante la imposibilidad física y material de contar con su presencia o la de un defensor público y que acrediten idoneidad mediante certificación expedida por la universidad correspondiente.

Para la Corte la disposición viola el principio de igualdad y el derecho de toda persona a contar con un abogado en actuaciones judiciales si se interpretada en el sentido de que la facultad allí consignada pueden ejercerla los estudiantes sin limitación alguna y sin las debidas precauciones sobre preparación u orientación académicas, aun cuando exista la posibilidad de designar como defensor a un abogado titulado en el lugar correspondiente. El derecho de contar con un abogado exige que en asuntos penales es requisito indispensable que quien asuma la defensa o representación de un sindicado debe ser una persona que ha obtenido el título de abogado, suponiéndose que tiene los suficientes conocimientos jurídicos para adelantar una defensa técnica, especializada y eficaz, con el fin de asegurar al procesado su derecho de defensa.

Sin embargo, la Corte aclara que este principio no es absoluto, pues en circunstancias de necesidad impostergable en las cuales se carezca en absoluto de los servicios de un abogado titulado y también a falta de un defensor público, tal exigencia causaría un grave perjuicio a los procesados. En estos casos es razonable recurrir a los alumnos de los últimos años de derecho pues las posibilidades de defensa técnica que ofrecen son mucho mejores que las de profesionales en otras actividades o las de cualquier otro ciudadano. Esta opción no obstaculiza en sí misma la defensa técnica de los procesados, especialmente si se consideran los escasos recursos económicos de las personas que acuden a esas dependencias de apoyo jurídico de las facultades de derecho y las situaciones prácticas que con frecuencia surgen en diversos lugares del territorio en los cuales se dificulta en extremo la presencia inmediata de abogados. Por el contrario, tiene precisamente el sentido de asegurar que la garantía constitucional de la defensa no sea frustrada por la fuerza de las circunstancias, apelando al concurso de quienes están próximos a cumplir los requisitos necesarios para optar el título y tienen conocidos los fundamentos básicos de índole sustancial y procesal, indispensables para asumir la representación judicial de personas económicamente débiles nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-040-03

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