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Última modificación: 2006-08-01
Límite al periodo de duración de la investigación previa como garantía del derecho de defensa y el debido proceso

La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal anterior (D. 2700 de 1991) que imponía como único límite al período de la investigación previa la presencia de una prueba para dictar una resolución inhibitoria o de mérito para vincular, en calidad de parte, al imputado. La Corte consideró que al regir el principio del debido proceso en todas las actuaciones judiciales, éste también se extendía a la etapa de la investigación previa. Por lo tanto, señaló que es contrario al debido proceso la inexistencia de un límite cronológico en esta etapa del proceso, pues no sólo se afecta el principio de la dignidad humana de la persona sujeta a esta clase de actuaciones que tiene que soportar la incertidumbre de su situación, sino que, adicionalmente, se le expone a toda clase de dilaciones dentro del proceso penal y estimula el ejercicio del libre criterio de los funcionarios que en ella participan para decidir su clausura, de modo que el deber de perseguir y acusar puede terminar por convertirse en un juicio de mera oportunidad. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-412-93, reiterada en las Sentencias T-181-99 y T-553-00. En la actualidad existe un término definido de duración de la investigación previa.

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