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Última modificación: 2006-08-01
Las autoridades tienen la obligación de notificar la indagación preliminar y la apertura formal de investigación previa al imputado conocido

El accionante solicita que se declare que la Fiscalía vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y contradicción probatoria y a la libertad individual, pues estima que se configuró una vía de hecho por defecto sustantivo, vía de hecho iniciada por la omisión en la comunicación o notificación de la investigación preliminar, y posteriormente configurada en las decisiones que negaron la declaratoria de nulidad planteada al respecto. Esto, toda vez que el actor, también sindicado, a pesar de ser una persona pública por haber ocupado diversos cargos públicos y haber sido desde el inicio de la investigación preliminar imputado conocido, no le fue notificada la investigación preliminar. En primera instancia la tutela se consideró improcedente, este fallo no fue impugnado.

Para la Corte, existe jurisprudencia reiterada que considera que en caso de existir imputado o imputados conocidos, a éstos se les debe notificar la iniciación de la investigación previa para que ejerzan su derecho a la defensa; sin embargo, este deber de notificación nace aun antes de la apertura formal de dicha investigación previa, desde la indagación preliminar, cuando se tiene certeza sobre la identificación del imputado. De manera que la notificación, como medio de conocimiento oficial y cierto sobre la existencia del proceso, inclusive en sus etapas preliminares, es requisito sine qua non para la validez de la actuación correspondiente.

Según la Corte, el actor contaba con otros mecanismos para ejercer su derecho de defensa, pues la nulidad que alegó podía volverse a plantear en muchas otras etapas procesales o también podía hacerlo mediante la revisión legal y formal de la medida de aseguramiento, mecanismo estos que poseen la misma eficacia para la protección inmediata del derecho fundamental al debido proceso, por lo que tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte decidió confirmar la sentencia proferida por la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-1035-04

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