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Última modificación: 2006-08-01
Posibilidad de que se decrete la inspección judicial durante la investigación previa, sin que medie providencia que la ordene

En sentencia de constitucionalidad se demandó un aparte del artículo 260 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal anterior), según el cual, la inspección judicial que se practica durante la investigación previa y la etapa de instrucción, no requiere providencia que la ordene. Igualmente, dispone que luego de que ésta sea practicada y de que se hayan asegurado los elementos probatorios, éstos se pondrán a disposición de las partes para que, si lo desean, soliciten la adición de la sentencia. La Corte sostuvo al estudiar la demanda que si bien cuando existe un sujeto procesal, las garantías formales del proceso, inspiradas en los principios de publicidad y contradicción, no pueden en principio pretermitirse, es decir, que la inspección judicial no puede llevarse a cabo, en ausencia de una providencia que la decrete, en casos excepcionales en los que por razones de urgencia y con el fin de asegurar las pruebas, el funcionario judicial estima necesario practicar la inspección sin antes ordenar dicha prueba mediante providencia, con el objeto de asegurar la prueba, esto no contradice ningún principio constitucional.

En razón de lo anterior, la Corte declaró la exequibilidad de la norma acusada bajo el entendido de que si en la investigación previa o en la instrucción ya han sido admitidos como imputados personas que obran en esa condición, la única inspección que no requiere ser practicada sin providencia previa que la decrete será aquella que tiene por objeto exclusivo el aseguramiento de la prueba. Además, en el lugar que se practique la inspección, el primer acto del funcionario consistirá en informar a las personas presentes el objeto de la misma. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-595-98

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