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Última modificación: 2006-08-01
El investigado tiene derecho a conocer los presupuestos probatorios antes de rendir versión libre y espontánea

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, que permite el acceso a las diligencias adelantadas en la investigación previa una vez el imputado haya rendido versión preliminar, en el entendido de que antes de la recepción de la versión debe informarse al investigado sobre el delito que se le imputa, así como permitirle conocer los fundamentos probatorios de dicha imputación específica. Para la Corte es constitucionalmente admisible que exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal para garantizar la eficacia de la administración de justicia. Pero este principio debe armonizarse con el derecho de defensa que le asiste al investigado, el cual supone que el investigado tenga conocimiento oportuno de la investigación que se le adelanta, de forma que le sea posible controvertir los elementos probatorios en su contra. Este derecho conlleva la prohibición constitucional de oír al investigado en versión libre sin que previamente se le haya informado sobre el delito concreto por el que se le investiga y sobre las pruebas que existen en su contra.

En consecuencia, para que la versión preliminar constituya un medio de defensa del investigado éste ha de conocer los hechos por lo cuales está rindiendo dicha versión. Sólo así es posible garantizar los derechos de defensa y en especial el principio de no autoincriminación (Constitución Política, artículo 33) y el principio de la buena fe que debe regir todas las actuaciones de las autoridades. Sería contrario al principio de ?la igualdad de armas? que el Estado conociera todo lo que obra en contra de una persona, pero que ésta, al rendir versión preliminar, no pudiera saber qué se le imputa y en qué se basa dicha imputación. También sería incompatible con dicho principio que la investigación pudiera adelantarse indefinidamente de manera reservada. El goce efectivo del derecho a la no autoincriminación depende de que el investigado conozca, antes de rendir versión preliminar, cuál es la conducta que específicamente se le imputa así como el fundamento de dicha imputación. Sin esa información mínima, el riesgo de autoincriminación es demasiado elevado.

Lo anterior no significa que la fiscalía no tenga la potestad de construir autónomamente un expediente que refleje la realidad de lo ocurrido, adoptando las medidas necesarias para impedir que dicha labor probatoria se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de pruebas sobre los hechos o la posible responsabilidad de los implicados. La fiscalía puede construir el expediente sin necesidad de revelar inmediatamente después de haber sido practicada, el contenido de cada prueba. Pero ello no implica que pueda sustraerse el material probatorio del conocimiento de la defensa cuando el acceso a las pruebas es necesario para que se pueda ejercer cabalmente el derecho de defensa nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-096-03

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