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Última modificación: 2006-08-01
Derecho de acceso al expediente por el investigado o su defensor antes de la diligencia de indagatoria

Un ciudadano asistió sin abogado a la diligencia de indagatoria a la cual fue citado por la fiscalía. Ante la falta de apoderado judicial, la fiscalía fijó una nueva fecha para realizar esta diligencia, A esta nueva citación no asistió el procesado pero si su abogado con el respectivo poder, quien solicitó observar el expediente pero le fue negado, por lo que entregó memorial solicitando copias del expediente. La fiscalía fijó una nueva fecha de indagatoria, advirtiéndole que de no presentarse ordenaría su conducción, para así garantizar la práctica de la diligencia. Ante la negativa de la fiscalía de permitir al abogado conocer las diligencias adelantadas en el proceso y la inminente orden de conducción para rendir indagatoria, el procesado interpone acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos a la libertad y el debido proceso. Solicita que se declare la nulidad de la providencia que ordenó su vinculación al proceso, que se declaren nulas las pruebas que se hayan practicado a sus espaldas, que se ordene a la fiscalía notificar la providencia que dispuso la investigación previa, y que se le permita a él y a su defensor tener acceso al expediente.

La Corte consideró que la actuación del fiscal al no permitir el acceso al expediente al procesado y su defensor, sin que se hubiera rendido indagatoria, constituye una violación al debido proceso. Para la Corte, el derecho de defensa, que hace parte del debido proceso, supone que el investigado, quien en este caso no ha obtenido la calidad de sujeto procesal por no haberse vinculado al proceso, tenga conocimiento oportuno de la investigación que se le adelanta, con le fin de que pueda controvertir los elementos probatorios en su contra, para lo cual requiere tener conocimiento del expediente. El acceso al expediente es necesario para ejercitar el derecho de defensa. Los derechos fundamentales deben ser reconocidos y respetados respecto de todos los intervinientes en el proceso, sin discriminación de que se trate o no de un sujeto procesal. Por esta razón, a pesar de que la ley hace la distinción entre imputado y sindicado, y sólo reconoce a éste último como sujeto procesal, no se puede restringir o limitar el derecho a la defensa del imputado.

Por lo tanto, aun antes de la vinculación mediante indagatoria o como persona ausente, el imputado tendrá los mismos derechos del sujeto procesal, en lo que se refiere al ejercicio del derecho de defensa y la protección de sus derechos constitucionales. Para tal fin, el imputado tendrá acceso al expediente. Esto en virtud a que el imputado tiene derecho desde el momento mismo de la existencia de la imputación del delito, a conocer cuál es la imputación específica en su contra y cuáles son los elementos probatorios en que se funda. Por esta razón la Corte ordenó a la fiscalía permitir, en forma inmediata, el acceso del procesado al expediente, así como a quien ostente la calidad de su defensor acorde con lo establecido en la ley nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-611-03

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