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Última modificación: 2006-08-01
Improcedencia de la tutela cuando las irregularidades en el proceso penal no afectan el derecho a la defensa

El actor condenado a pena de prisión interpuso acción de tutela aduciendo que durante la investigación se presentaron irregularidades que vulneraron su derecho a la defensa, el debido proceso y a la libertad. Para el accionante la falta de competencia del funcionario que inició la investigación previa, la falta de notificación de la existencia de la misma, la negativa del funcionario para oírlo en versión libre eran anomalías suficientes para solicitar al juez constitucional que decretara la nulidad del proceso. La Corte, al negar el amparo solicitado, advirtió que si bien es obligación del funcionario judicial poner en conocimiento del procesado la existencia de una investigación previa en su contra y de recibirle en versión libre, para que la acción de tutela sea procedente se requiere que exista efectiva vulneración de los derechos que con la imposición de estas normas se pretende proteger, es decir, la violación del derecho a la defensa y la contradicción de pruebas y, por otra parte, que esta vulneración no se hubiera podido subsanar utilizando los medios judiciales ordinarios a su alcance.

En este caso, las irregularidades mostradas no parecen haber incidido en la decisión final, pues durante el proceso, el actor tuvo la oportunidad de ejercer los derechos de defensa y contradicción de manera tal que quedaran subsanadas las irregularidades y, en consecuencia, estas no fueron determinantes para la decisión. Por otro lado, la Corte pudo comprobar que durante la etapa de investigación previa del proceso, él no había sido plenamente identificado como presunto autor del ilícito, y en consecuencia no era obligación notificarle la existencia de actuaciones procesales. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-790-99

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