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Última modificación: 2006-08-01
Los funcionarios judiciales deben resolver la situación jurídica de los procesados dentro de los términos legales

El actor instauró acción de tutela por vulneración de su derecho fundamental al trabajo, debido a que el DAS no le ha expedido la refrendación de su certificado judicial, en dos oportunidades, por aparecer en los registros una investigación penal en su contra. Al dirigirse a la fiscalía, ésta le recibió indagatoria y año y medio después aun no le ha resuelto su situación jurídica. La Corte concedió el amparo solicitado pues consideró que las garantías sustanciales y procesales integrantes del debido proceso, que incluyen el cumplimiento efectivo de los términos procesales, fueron inaplicadas por la actuación arbitraria del funcionario instructor. Se vulnera el derecho al debido proceso cuando la autoridad judicial incurre en mora en el cumplimiento de los términos procesales penales, al mantener vinculado al proceso penal al sindicado, sin definir su situación jurídica por más tiempo del máximo contemplado en la ley procesal.

Cuando se trata de actuaciones judiciales, la autoridad está en la obligación de desplegar toda la actividad necesaria para decidir el asunto sometido a su consideración con el fin de resolver lo más pronto posible la situación jurídica del inculpado dentro del proceso penal. Las etapas procesales tienen como única finalidad permitir que las partes ejerzan su derecho a la defensa, controvirtiendo las decisiones que se tomen en el proceso, pero este derecho se vuelve inane, cuando no se informa a la persona su vinculación al proceso penal, como sucedió en este caso. La Corte ha considerado que se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no se le comunica oportunamente a una persona la existencia de una investigación en su contra, de modo que pueda ejercer su derecho de defensa. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-781-02

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