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Última modificación: 2006-08-01
Las secretarías de la fiscalía deben dar un manejo ordenado y técnico a los expedientes para respetar el derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas

Los actores interpusieron acción de tutela contra una fiscalía Regional para que se les proteja el derecho al debido proceso, por considerar que durante dos años ha quebrantado los términos legales, dentro del proceso que adelanta en su contra. Indican que transcurridos tres meses de haber presentado múltiples recursos de reposición y apelación, el fiscal accionado se ha negado a resolverlos, vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso.

La Corte ha señalado que la acción de tutela no es procedente contra providencias judiciales, salvo en las siguientes situaciones: 1) dilación injustificada de términos; 2) actuaciones de hecho imputables al funcionario; y 3) cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable. En relación con lo primero es pertinente destacar la obligación por parte de las autoridades judiciales de cumplir sus deberes y los términos previstos para cada procedimiento, por cuanto la dilación injustificada conlleva la vulneración del derecho fundamental al debido proceso. La acción de tutela es procedente para que se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales.

El derecho fundamental del debido proceso se inspira en el principio de celeridad procesal de las actuaciones de los funcionarios del Estado. Por ello cuando quien tiene la potestad de administrar justicia se excede injustificadamente en el término legal para adoptar una decisión judicial incumple los deberes que le son propios, conculca el derecho fundamental mencionado, y ocasiona perjuicios a la parte afectada con la dilación injustificada.

Para la Corte, las dilaciones respecto a la decisión oportuna de las peticiones que fueron presentadas por el actor, obedecen al manejo ineficiente y desordenado por parte de la secretaría que hacen difícil el manejo del expediente, lo cual dio lugar a la determinación de la fiscalía Regional para exigirle a aquella el cumplimiento de sus funciones al no haber tramitado oportunamente las solicitudes respectivas a fin de ponerlas en conocimiento de dicho funcionario.

La Corte considera que la situación de hecho presentada en la tramitación de los procesos contra los actores refleja una falta de organización que origina la tardanza para resolver las peticiones formuladas oportunamente, y que se atribuye a la Secretaría Común de la fiscalía Regional. Sin embargo, la Corte no tuteló el derecho del actor al no encontrar configurada la violación al debido proceso y la dilación injustificada pues mediante la inspección judicial del despacho encontró que se ha observado el desarrollo del respectivo proceso penal pero previno a la fiscalía Regional y a la Secretaría Común, para que se abstuvieran de incurrir en las omisiones que fueron materia de esta tutela nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-668-96

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