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Última modificación: 2006-08-01
Deber de los fiscales de resolver oportunamente las peticiones de los sindicados y de sus defensores

Según el actor, la fiscalía vulneró su derecho al debido proceso al retrasar de manera injustificada la resolución de las peticiones elevadas en el proceso penal que cursaba en su contra. La Corte sostuvo que es deber de las autoridades judiciales cumplir de manera diligente los plazos procesales, no sólo porque su inobservancia puede ser sancionada sino por cuanto la dilación injustificada de tales términos configura una violación del debido proceso susceptible de ser atacada por medio de la acción de tutela. La tutela es procedente para que se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en las decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales.

En este caso, el fiscal que inicialmente adelantó el proceso contra el actor dilató sin razón aparente la resolución de una petición, que solicitaba la revocatoria de la constitución de parte civil y la preclusión de la investigación. La Corte no encuentra una justificación razonable para tal retraso, por lo cual considera que esa autoridad judicial estaba vulnerando el derecho al debido proceso del peticionario por injustificada dilación de los términos. Posteriormente, el nuevo fiscal a quien le fue asignado el proceso, resolvió la petición del actor e incluso accedió a sus pretensiones, pues revocó la constitución de parte civil y precluyó el proceso. Dado que la actuación impugnada por el actor ha cesado, no procede la tutela por carencia actual de objeto nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-368-95

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