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Última modificación: 2006-08-01
Deber de diseñar estrategia global para corregir el problema estructural de las remisiones de los internos a los lugares donde son juzgados. vulneración del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas

Los actores, recluidos en una cárcel de Cali, interpusieron acción de tutela contra la Directora y el Comandante de Vigilancia del centro carcelario, por considerar vulnerados sus derechos a la igualdad, a la libertad, al debido proceso y a la defensa. Señalan que en varias oportunidades, el Juzgado Penal del Circuito de Pasto, que adelanta el proceso penal en su contra, ha solicitado su remisión para llevar a cabo la audiencia pública de juzgamiento y que la Directora de la Cárcel y el Comandante de Vigilancia se han negado a efectuar dicha remisión, aduciendo que la institución no cuenta con los medios ni el personal necesario para ello.

Para la Corte, las personas que han sido trasladadas a un establecimiento de reclusión ubicado en un lugar distinto de aquel en el que están siendo juzgadas tienen derecho a ser remitidas a la sede del juzgado respectivo, cuando su presencia sea relevante para garantizar el debido proceso pues se favorece el derecho a la defensa material, y es esencial para realizar el principio de inmediación judicial, propio del Derecho Penal. En consecuencia, cuando el Estado ha decidido trasladar a un recluso a un lugar diferente de aquel en el que está siendo juzgado, debe realizar las previsiones necesarias para asegurar su posterior asistencia a las diligencias que así lo exijan.

Si existen razones objetivas y suficientes que justifiquen la decisión de no trasladar al interno de una localidad a otra, en la fecha programada para la realización de la audiencia pública de juzgamiento, no se violan los derechos del interno. En estos casos la diligencia judicial debe ser suspendida hasta que se produzca el traslado y, por lo tanto, las posibilidades de defensa del procesado no se ven amenazadas ni limitadas por la suspensión; tampoco se vulnera el derecho a un proceso sin dilaciones injustificadas, pues las razones deben ser suficientes para justificar la suspensión de la audiencia; y no se viola el derecho a la libertad personal, pues el Legislador ha establecido que, si pasados seis meses a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, no se ha celebrado la audiencia de juzgamiento, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional (CPP art. 415-5).

Sin embargo, si los argumentos para justificar la decisión de no trasladar a una persona cuya presencia ha sido solicitada por el juez competente no son suficientes, entonces la conducta omisiva de la administración lesiona el derecho fundamental al debido proceso de la persona recluida. En principio, es suficiente la justificación objetiva y razonable, es decir, aquella que se fundamenta en datos ciertos y costatables, cuando quiera que las mismas conduzcan, razonablemente, a la protección de un bien o derecho de igual o mayor entidad que el derecho que se restringe por la orden de no realizar la remisión en la fecha programada. De otra parte, la existencia de una justificación objetiva y razonable supone que la solicitud de traslado ha sido correctamente evaluada y que se han tomado todas las previsiones necesarias para realizarla, pese a lo cual, ha resultado imposible sin poner en peligro bienes constitucionales de mayor jerarquía como la vida o la integridad personal del interno o de la guardia.

El Comandante de Seguridad y la Directora de la Cárcel de Cali argumentan la falta de personal para trasladar en condiciones de seguridad a los actores en tres oportunidades diferentes, las condiciones de hacinamiento y una permanente zozobra por la falta de personal de guardia. Aunque los argumentos son ciertos, no son suficientes para justificar una dilación de más de ocho meses en el traslado para la audiencia y, por lo tanto, en la definición del proceso penal. Los efectos nocivos de la imprevisión del Estado, que dejó de adoptar las medidas necesarias para garantizar el traslado oportuno de los internos a la sede en la cual están siendo juzgados, no pueden recaer sobre la persona procesada y privada de su libertad. Las graves circunstancias de seguridad o los problemas de orden público justifican una cierta postergación del traslado, pero no explican una demora tan considerable si no se intentó superar las dificultades mencionadas.

Para la Corte, se presenta una vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones injustificadas, pero no puede limitarse a proferir una orden para el caso concreto, pues desconocería la existencia de un problema estructural que afecta a la mayoría de las cárceles del país, y cuya solución no corresponde a una actuación puntual de las autoridades de la cárcel de Cali o del INPEC a nivel nacional. Además se podría producir una lesión de los derechos a la igualdad y al debido proceso de las personas recluidas, y respecto de las cuales existen órdenes judiciales de traslado. En estos casos, la situación inconstitucional no sólo afecta los derechos de quienes interpusieron la acción de tutela, sino los de una parte importante de la población reclusa y no tendría sentido obligar a cada miembro del grupo afectado a acudir a la acción de tutela, pues ello congestionaría el aparato judicial.

De otra parte, al considerar las causas de la violación y actuar sobre ellas para removerlas, la Corte debe aplicar la igual protección de los derechos, a la que son acreedoras todas las personas afectadas por una misma situación. El hacinamiento, y la falta de recursos y de personal de guardia no son problemas exclusivos de la cárcel de Cali y por lo tanto, no se trata de ordenar la asignación de mayor personal para este establecimiento, pues ello, seguramente, implicaría la disminución de la seguridad de otro lugar de reclusión. En estas circunstancias, la Corte advierte que la violación de los derechos de los actores se produjo como consecuencia de un estado de cosas que amenaza permanentemente los derechos de los reclusos que han sido trasladados a este establecimiento de reclusión. Las circunstancias planteadas en este caso dan lugar a la declaración de un estado de cosas inconstitucional.

En efecto, la necesidad de recluir en la cárcel de Cali a quienes, estando en otro establecimiento de la región, presenten problemas de seguridad, sumado a la falta de personal de guardia, a los problemas de orden público y al número creciente de solicitudes judiciales de remisión, no puede sino conducir al aplazamiento de los traslados y a la indefinida postergación del correspondiente proceso penal, con los consecuentes efectos negativos para la recta administración de justicia, los derechos de los reclusos y el control de la impunidad fruto de la dilación injustificada del proceso en el que se ha dictado y hecho efectiva una orden de detención.

En estas circunstancias, es necesario que todas las autoridades a quienes se encomienda la pronta administración de justicia y la protección de los derechos de las personas recluidas, actúen de consuno para dar una solución de fondo al problema estructural presentado. La Corte advierte que los efectos de una dilación injustificada del proceso, por la imposibilidad de efectuar el traslado oportuno de la persona procesada a las diligencias que así lo requieran, no atañen exclusivamente al INPEC, sino que se trata de un asunto que debe interesar a la rama judicial, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fuerza Pública. En estas condiciones, el funcionario judicial competente, previa la respectiva solicitud de remisión, podría entrar en contacto con las directivas de la cárcel para que éstas pudieran coordinar con la Fuerza Pública el traslado oportuno de la persona recluida a la respectiva diligencia judicial.

En consecuencia, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población reclusa así como la eficacia en la administración de justicia, la Corte ordena a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la fiscalía General de la Nación, al Ministro de Defensa, al Director Nacional de la Policía, al Director Nacional del INPEC y al Ministro de Justicia y del Derecho, la adopción conjunta de estrategias de coordinación y cooperación interinstitucional que permitan resolver el problema estructural evidenciado, de manera que los jueces y fiscales puedan coordinar con las autoridades del INPEC, y éstas últimas, con la Fuerza Pública, la remisión oportuna y adecuada de las personas recluidas en centros ubicados en un lugar distinto de aquel en el que se surte el proceso en su contra. Las autoridades también deben estudiar la posibilidad de aplicar nuevas tecnologías para una adecuada administración de justicia cuando resulte imposible, o en exceso riesgoso, el traslado de la persona privada de la libertad a la sede del juzgado respectivo. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-966-00

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