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Última modificación: 2006-08-01
Vía de hecho por vulneración del principio del non bis in ídem por sancionar al pago de los mismos perjuicios en proceso penal y en proceso civil

El actor interpuso acción de tutela por considerar violado el principio del non bis in ídem, dado que tanto en el proceso penal por lesiones personales culposas que cursaba en su contra y en donde el afectado se constituyó como parte civil, como en el proceso adelantado por este último ante la jurisdicción civil, fue condenado al pago de perjuicios. Para la Corte, el principio de ?non bis in ídem? ha sido empleado para impedir que una pretensión, resuelta mediante una decisión judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez. La Constitución incluye la protección a la ?cosa juzgada? como parte constitutiva del debido proceso; por tanto ella se erige como una garantía constitucional de carácter fundamental, que en caso de violación, puede ser protegida por medio de la acción de tutela.

Según el actor, la sentencia acusada incurrió en una violación al principio de la ?cosa juzgada?, pues se pronunció sobre pretensiones que ya habían sido ventiladas en el proceso penal donde el actor se constituyó como parte civil. En el proceso penal, la parte civil, solicitó que se condenara al sindicado a pagarle los perjuicios ocasionados por la comisión del delito de lesiones personales. El juez penal, encontró culpable al sindicado y lo condenó a resarcir los perjuicios materiales y morales. La competencia de los jueces penales para fallar acerca de los perjuicios en materia civil se limita a aquellos directamente conectados con el delito cometido; por tanto, es lógico que el juez sólo se haya pronunciado por los daños materiales al cuerpo de la víctima y los perjuicios morales atribuibles a ellos. El daño emergente y el lucro cesante, ocasionados por la pérdida del carro, no se deducen del delito por el cual se condenó, razón por la cual tales pretensiones quedan excluidas de la competencia del juez penal y es necesario presentarlas ante el juez civil.

En el segundo proceso, ante la jurisdicción civil, el actor demandó a la sociedad de la cual era empleada la persona que le causó las lesiones, para que respondiera por los perjuicios que se le causaron. La primera cuestión, constituye una petición absolutamente nueva, pues en el proceso penal nunca se llamó a responder solidariamente a la empresa donde trabajaba el conductor del camión. Pero, respecto a la segunda, ha de hacerse una distinción, pues el juez debe pronunciarse sobre cuatro aspectos diferentes; a) los perjuicios materiales a raíz de las lesiones sufridas; b) los perjuicios morales; c) el daño emergente por la pérdida del carro, y d) el lucro cesante, lo dejado de percibir al no poder usar el automóvil para prestar el servicio público de transporte urbano.

Para la Corte, al determinar el monto del perjuicio causado se incurrió en una violación al principio de la cosa juzgada, pues, el juez penal que conoció del caso tasó los perjuicios materiales y morales; posteriormente el juez civil tasó el daño emergente y lucro cesante, pero volvió a tasar los primeros, cuando ya había hecho tránsito a cosa juzgada la sentencia penal. El juez civil incurrió en una vía de hecho, al tasar nuevamente unos perjuicios que ya habían sido determinados por el juez penal, en una sentencia que había hecho tránsito a cosa juzgada; lo lógico era, condenar a la sociedad a pagar, el daño emergente y el lucro cesante, y los perjuicios materiales y morales tal y como fueron tasados en la sentencia del juez penal. Por lo anterior, la Corte tutela el derecho al debido proceso por la vía de hecho en que incurrió la sentencia del juez Civil nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-652-96

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