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Última modificación: 2006-08-01
Inexistencia de vía de hecho por defecto procedimental en la agravación punitiva

En caso de tutela, alega el actor que las decisiones impugnadas vulneran el derecho de defensa y el principio del non bis in ídem, pues incurren en un vicio procedimental, constitutivo de una vía de hecho, pues los jueces consideraron relevante para la definición de la conducta típica y para la fijación de la pena, su condición de juez de la República.

Para la Corte el principio de non bis in ídem prohíbe que se imponga a una persona más de una sanción de la misma naturaleza por la comisión de un mismo hecho. En el proceso penal no se impuso al actor una doble sanción por la comisión de un mismo hecho. Sin embargo, su condición de juez de la República fue valorada tanto para tipificar la conducta como para graduar la pena impuesta, pues tanto el tipo de prevaricato por acción, como la circunstancia de agravación punitiva consagrada en el numeral 11 del artículo 66 exigen tener en cuenta la condición del agente, en este caso la de funcionario público.

La aplicación de la causal de agravación punitiva, para graduar la pena de un funcionario público que es condenado por un delito que exige la participación de un sujeto activo cualificado no implica una carga desproporcionada que viole, entre otros, el principio de non bis in ídem. En suma, al amparo de la jurisprudencia constitucional y bajo el entendido de que quienes deben fijar los verdaderos alcances de la legislación penal son los jueces naturales que operan dentro de esta área del Derecho, debe señalarse que no parece vulnerar los derechos fundamentales la interpretación según la cual la dignidad que ocupe una persona dentro de la jerarquía del Estado puede ser tenida en cuenta para agravar la pena que se le imponga por la comisión de aquellos delitos que cometió, justamente, en virtud de su condición de servidor público. Por las razones anteriores la Corte consideró que las sentencias impugnadas no incurrieron en vía de hecho por violación del debido proceso nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-260-99

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