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Última modificación: 2006-08-01
El principio de no reformatio in pejus limita también la competencia del juez de segunda instancia para agravar la pena, cuando cualquiera de las partes apela a favor de los intereses del procesado

La Corte Constitucional, en sentencia de tutela, aclaró que el principio de no reformatio in pejus no opera únicamente para limitar la competencia del juez de segunda instancia para agravar la pena cuando el apelante sea el procesado o su abogado, sino que comprende también cualquier apelación, incluida la del fiscal o del Ministerio Público que sea presentada a favor de los intereses de sindicado. La posibilidad excepcional que tiene el juez de segunda instancia de agravar la pena cuando el fiscal o el Ministerio público recurran la decisión, debe entenderse que opera únicamente cuando las pretensiones de aquél o de éste están dirigidas a que se aumente el quántum punitivo, pues cuando sus pretensiones se formulan a favor del condenado han de tenerse en cuenta como si proviniesen de la defensa y por tanto se debe calificar como apelante único.

Se debe tener en cuenta lo pretendido por el representante del Estado y de la sociedad respectivamente, es decir, si están solicitando que se agrave o se mejore la situación del condenado. Si esto último sucede, el superior no puede reformar en perjuicio, toda vez que la expresión ?apelante único? debe entenderse no en su sentido formal sino material. En otras palabras, además del interés para recurrir debe tenerse en cuenta la naturaleza de las pretensiones de los sujetos procesales en la impugnación, pues el término ?apelante único? denota un único interés del condenado o pluralidad de intereses no contrapuestos al mismo.

En el caso en cuestión, la Corte Constitucional, aunque no concedió la tutela porque el solicitante no interpuso el recurso de casación que era el mecanismo adecuado para la protección del derecho, si estimó que había una vulneración al principio de la no reformatio in pejus en la actuación de un tribunal que agravó la pena impuesta a un sindicado, luego de la apelación que hiciera el fiscal del caso, para que el juez de segunda instancia reconsiderara la calificación del delito y, en consecuencia, redujera la pena nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-105-03

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