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Última modificación: 2006-08-01
Derechos de la víctima o el perjudicado en la justicia ordinaria: parte civil en el proceso penal

· Improcedencia de constitución de parte civil en el proceso penal cuando se ha promovido acción civil

Mediante acción de inconstitucionalidad se demandaron los artículos 46-7, 50 (parcial) y 55 (parcial) del Decreto Ley 2700 (Código de Procedimiento Penal anterior), los cuales regulan cuándo es procedente constituirse como parte civil dentro del proceso penal. La Corte, al declarar la exequibilidad de los artículos demandados, sostuvo que cuando el afectado con el hecho punible presenta su reclamo civil ante la justicia penal, debe probar en ese escenario procesal, los perjuicios sufridos y allí se debe decidir de fondo lo debatido. Empero, si el perjudicado intenta la acción civil ante la jurisdicción civil, ya no podrá hacerlo ante la justicia penal.

En consecuencia, ejercida la acción civil ante un juez civil, ésta ya no puede promoverse ante un fiscal o ante un juez penal, lo que no significa que si el hecho que origina el proceso civil pueda dar lugar a investigación penal, el afectado no pueda presentar denuncia o noticia criminal, ante la autoridad competente, aun cuando haya ejercido la acción civil. Independientemente de la jurisdicción encargada de establecer el valor de la indemnización de perjuicios, el juez deberá buscar que la reparación sea integral, es decir que cubra los daños materiales y morales causados, ya que a las autoridades judiciales les asiste el compromiso de investigar y juzgar los delitos, no sólo con el ánimo de protección de aquellos bienes jurídicamente tutelados de singular importancia para la comunidad, sino también para administrar justicia en forma que mejor proteja los intereses del perjudicado, titular concreto del bien jurídico afectado.

En consecuencia, si en un caso particular la víctima o sus causahabientes estiman que el juez civil no incluyó en la liquidación de los perjuicios otros factores como los daños morales, pueden procurar que la indemnización sea efectivamente integral acudiendo a los medios que el ordenamiento jurídico establezca para el efecto? nota 1.

En el mismo sentido se pronunció la Corte al conocer una demanda de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 48 y 52 de la Ley 600 de 2000. El demandante controvierte la exigencia de incluir en la demanda de constitución de parte civil la manifestación de no haber promovido proceso ante la jurisdicción civil dirigido a obtener la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta punible; a los daños y perjuicios, materiales y morales, la cuantía que se estima para la indemnización y las medidas por adoptar para el restablecimiento del derecho y las pruebas sobre el monto de los daños, la cuantía de la indemnización y la relación con los presuntos perjudicados, prevista en el artículo 48 y la causal de rechazo de la demanda de parte civil dentro del proceso penal prevista en el artículo 52 ?cuando esté acreditado que se ha promovido independientemente la acción civil por el mismo demandante, que se ha hecho efectivo el pago de los perjuicios, que se ha producido la reparación del daño o que quien promovió la demanda no es el perjudicado directo?.

El actor indicó que tales artículos eran inconstitucionales porque el ingreso de la víctima al proceso penal no está orientado exclusivamente a lograr una pretensión indemnizatoria, pues también busca la verdad y la sanción del responsable. Adicionalmente, el demandante aduce que negar la participación de la parte civil en el proceso penal, cuando haya decidido acudir a la jurisdicción civil o a la contenciosa administrativa para reclamar los perjuicios vulnera el debido proceso, ya que existen decisiones en el proceso penal que pueden afectar el proceso civil, lo que hace necesario que la víctima tenga derecho a controvertir lo que sucede en el proceso penal.

La Corte reitera que es constitucional la norma que señala la imposibilidad de intervenir simultáneamente en el proceso penal y en el proceso civil para obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados con la conducta punible y añade que no se vulnera el derecho de defensa de la víctima frente a la imposibilidad de participar en el proceso penal cuando se ha iniciado un proceso civil independiente, aun cuando algunas decisiones adoptadas en el proceso penal pueden incidir en la pretensión indemnizatoria. El que la víctima deba escoger una u otra opción y de que cada alternativa ofrezca sus propias desventajas no desvirtúa el hecho de que en ambos trámites el derecho al debido proceso está suficientemente garantizado. Si bien es cierto que determinadas decisiones en el proceso penal pueden tener incidencia en el proceso civil, esto es normal en el desenvolvimiento de las investigaciones, por lo que hay que suponer que la misma es conocida por el afectado que escoge entre una y otra opción nota 2.

· Cesación de procedimiento por caducidad de la acción penal cuando esta no ha operado vulnera los derechos de la víctima a la verdad, la reparación y la justicia

Un juez penal del circuito, en su condición de juez de segunda instancia, decidió declarar la cesación de procedimiento por caducidad de la acción penal en un proceso por usura. Para esos efectos, el juez tuvo en cuenta la fecha de emisión de los títulos valores objeto del proceso. El querellante por el delito de usura estimó que esa decisión le vulneraba su derecho al debido proceso; los principios de legalidad, igualdad y lealtad; la prevalencia del derecho sustancial y los principios de contradicción y doble instancia, pues no se había tomado en consideración la fecha en que se concretó el recibo de pagos parciales de la deuda y de ejercicio de la acción cambiaria para el cobro y pago de lo pagado, verdadero momento de consumación del delito de usura.

La Corte Constitucional consideró que la decisión adoptada por el juez de segunda instancia de cesar procedimiento por el delito de usura, sin tener en cuenta el verdadero momento de consumación del delito, que se concretó en la fecha de recibo de pagos parciales y del ejercicio de la acción cambiaria para el cobro y pago de la deuda restante, constituía una clara denegación de justicia, una vía de hecho por defecto sustantivo y una vulneración al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y, a través de ello, a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del actor, porque: 1- se declaró la ocurrencia de un fenómeno jurídico que no había acaecido y se trató de un acto arbitrario en cuanto la jurisdicción se ejerció para aplicar una norma jurídica de naturaleza procesal sin que existieran los presupuestos fácticos para hacerlo y 2- la aplicación de una norma de derecho sin contar con los hechos del supuesto legal y que en este caso conducía al archivo arbitrario de un proceso penal impedía el acceso a la administración de justicia con miras al reconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación nota 3.

· La extinción de la acción penal, con fuerza de cosa juzgada, no puede ser ordenada o decretada por un fiscal, por ser un acto de contenido jurisdiccional.

En acción de inconstitucionalidad fueron demandados ante la Corte Constitucional los artículos 78( parcial) y 80 (parcial) de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, relacionados con la competencia del fiscal para decretar y ordenar la extinción de la acción penal y como consecuencia el archivo de la actuación, cuando la causal se presentare antes de formularse la imputación y de la frase ? La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada?, del artículo 80 citado. La demandante consideró que tales disposiciones eran contrarias al artículo 250 Superior, puesto que el Acto Legislativo 03 de 2002 le quitó las facultades judiciales a la Fiscalía. La Corte estimó necesario examinar además la constitucionalidad de las expresiones ?mediante orden sucintamente motivada? del primer inciso del artículo 78 de la Ley anteriormente citada; ?a partir de la formulación de la imputación?, del inciso segundo del mismo; y ?a partir de la formulación de la imputación el fiscal?, del artículo 331 de la misma Ley.

La Corporación declaró inexequibles las expresiones de los artículos 78 y 331 estudiadas, tanto las demandadas como las integradas por la misma Corte. No así, la expresión del artículo 80 demandada que fue considerada constitucional..

La Corte fundamentó su decisión de inexequibilidad en que: 1) ?En los casos previstos para la extinción de la acción, se trata de la toma de una medida preclusiva, acto de contenido jurisdiccional asignado por la Constitución, numeral 5 artículo 250, al juez de conocimiento por solicitud del fiscal; por lo tanto, tal facultad no le fue asignada por la norma Superior a la Fiscalía?; y 2) La facultad que el legislador le acordó a la Fiscalía General de la Nación para archivar unas actuaciones con efecto de cosa juzgada cuando se presente una causal de extinción de la acción penal, mediante una orden sucintamente motivada que escapa a cualquier control judicial, y antes de la formulación de la imputación, vulnera gravemente los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación?.

La Corte señaló que ?la disposición acusada lesiona los derechos de las víctimas a acceder ante un juez para efectos de que sea este último quien decida si efectivamente se encuentran presentes o no los presupuestos para decretar la extinción de la acción penal. En otros términos, el carácter litigioso de las causales de extinción de la acción penal, al igual que la trascendencia que la misma ofrece, por ejemplo, en los casos de leyes de amnistía, conducen a la Corte a considerar que tales decisiones únicamente pueden ser adoptadas por el juez de control de conocimiento, en el curso de una audiencia, durante la cual las víctimas puedan exponer sus argumentos en contra de la extinción de la acción penal.? nota 4



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-163-00
  2. Corte Constitucional, Sentencia C-899-03
  3. Corte Constitucional, Sentencia T-114-04
  4. Corte Constitucional, Sentencia C-591-05

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