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Última modificación: 2008-08-01
Constitución de la parte civil en proceso penal es posible aun antes de la apertura de la investigación: derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación

En sentencia de constitucionalidad, la Corte analizó el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), que dispone: ?Con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal. (...)?.

La Corte condicionó la constitucionalidad del artículo a que se entendiera que la parte civil no sólo tiene derecho a constituirse como tal en aras de conseguir un resarcimiento económico, sino que también puede ir en busca de la verdad y la justicia. Ello no significa que cualquier persona que alegue que tiene un interés en que se establezca la verdad y se haga justicia pueda constituirse en parte civil. Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial, concreto y específico, que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. Es más, aun cuando esté indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de parte.

Lo anterior significa que el único presupuesto procesal indispensable para intervenir en el proceso es acreditar el daño concreto, sin que se le pueda exigir una demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial. Como consecuencia de tal condicionamiento, la Corte igualmente sostuvo que la expresión ?a partir de la resolución de apertura de instrucción? del artículo 47 del Código de Procedimiento Penal (artículo que consagra a partir de cuándo puede constituirse la parte civil) era inexequible ?como quiera que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica dependen de que durante esta etapa se le permita a la parte civil intervenir activamente aportando pruebas y cooperando con las autoridades judiciales y conociendo y controvirtiendo las decisiones que se adopten durante esta etapa, en especial la providencia mediante la cual se decide no abrir formalmente la investigación?.

Finalmente, la Corte condicionó la constitucionalidad del artículo 30 del Código de Procedimiento Penal ?sobre acceso al expediente en ejercicio del derecho de petición, en el sentido de que una vez que se haya constituido la parte civil, ésta podrá acceder directamente al expediente desde el inicio de la investigación previa, pero si aún no se ha constituido en parte civil, la víctima o perjudicado deberá acceder al expediente en la forma prevista en el artículo 30, es decir, a través del ejercicio del derecho de petición? nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-228-02. Esta sentencia cambió la jurisprudencia de la C-293-95 (reiterada por las sentencias C-475-97, SU-717-98, C-163-00 y C-1711-00, entre otras). Complementa la jurisprudencia de la C-069-96. Unifica jurisprudencia de C-740-01, C-1149-01 y SU-1184-01.

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