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Última modificación: 2008-08-01
Derecho a la indemnización de perjuicios de la parte civil en sentencia anticipada

En sentencia de constitucionalidad se demandó el artículo 12 numeral 5 de la Ley 365 de 1997, por medio del cual se reformó el artículo 37B del Decreto Ley 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal), el cual impedía la definición de la responsabilidad civil dentro de los procesos en que los sindicados se habían acogido al beneficio de la sentencia anticipada. A juicio de la demandante el artículo parcialmente acusado establecía un privilegio discriminatorio en favor de los criminales confesos, perjudicando con ello a las víctimas que se habían constituido en parte civil dentro del proceso penal.

La Corte, al declarar inexequible el aparte demandado sostuvo que el derecho que tiene el afectado con el delito a constituirse en parte civil dentro del proceso penal o, en su defecto, a obtener del juez penal el reconocimiento de los perjuicios cuando éstos se encuentren debidamente probados, tiene fundamento en el derecho constitucional de las víctimas a participar en el proceso penal y en la obligación estatal de restablecer los derechos afectados con el ilícito. Debe entenderse que frente al daño público y privado derivado del delito, existe unidad de jurisdicción en el juez penal para resolver, sin que con ello se ignore la naturaleza privada de la acción civil.

Para la Corte es claro que la norma acusada, al relevar al juez penal de la obligación de pronunciarse sobre la responsabilidad civil, en los casos de sentencia anticipada, está desconociendo los derechos y principios constitucionales que en materia de igualdad y justicia tiene la víctima o el perjudicado con el delito. Desconocimiento que resulta aún más evidente cuando el juez penal, a pesar de haber encontrado probados los perjuicios ocasionados por el delito, no puede pronunciarse sobre ellos, por la circunstancia de haberse acogido el sindicado, durante la etapa instructiva o de la causa, a la figura de la sentencia anticipada en cualquiera de sus modalidades. La norma acusada, entraña una medida desproporcionada e irrazonable por cuanto en el afán de proteger a ultranza el interés colectivo, sacrifica sin prudencia el interés particular del afectado que también es objeto de protección constitucional nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-277-98. En la actualidad, el último inciso del artículo 40 de la Ley 600-00 (Código de Procedimiento Penal) dispone que ?en la sentencia anticipada se resolverá lo referente a la responsabilidad civil cuando exista prueba de los perjuicios ocasionados?.

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