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Última modificación: 2008-08-01
Derecho de la parte civil a solicitar el control de legalidad de la medida de aseguramiento

Se demanda la inconstitucionalidad de la expresión ?la medida de aseguramiento? contenida en el artículo 329 de la Ley 600 de 2000, que dispone: ? La medida de aseguramiento y las decisiones que afectan la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público?.

Según el actor, se violan los artículos 13, 228 y 229 de la Constitución por cuanto no se le permite a la parte civil acudir al control de legalidad cuando el fiscal o su delegado se abstenga de proferir medida de aseguramiento, privándolo de la garantía de que la conducta no quede impune y de los derechos de las víctimas o perjudicados, lo que a su vez es inequitativo e injusto y violatorio de la igualdad que debe existir entre los sujetos del proceso. También, dado que no se cuenta con las mismas posibilidades o mecanismos dentro del proceso, se vulnera el derecho a acceder a la administración de justicia.

La Corte estableció que existe violación al principio de igualdad y al derecho del debido proceso penal, por omisión legislativa, cuando se establece que el control de legalidad de la medida de aseguramiento solo procede previa solicitud del interesado, de su defensor o del Ministerio Público, cuando se excluye a la parte civil y al Ministerio Público frente a la abstención del funcionario judicial de dictar la medida de aseguramiento, cuando hubiere lugar a ello, porque: 1) Los fines de la detención preventiva están estrechamente relacionados con el pleno ejercicio de varios derechos de la parte civil, como el derecho a la verdad y a la justicia, vinculados con el principio de legalidad, la observancia del debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a la tutela judicial efectiva; 2) De la estructura del debido proceso forma parte determinar si en el caso concreto concurre el presupuesto de necesidad de la medida de aseguramiento; 3) El control de legalidad de la medida de aseguramiento es una garantía de protección de los derechos fundamentales de la libertad y el debido proceso y por lo tanto la parte civil tiene interés en que se respeten sus derechos a la verdad y a la justicia 4) El Ministerio Público tiene dentro de sus funciones constitucionales adoptar las medidas necesarias para preservar el debido proceso, del que el control de legalidad de la medida de aseguramiento es una garantía.

Igualmente, sucede en el caso en que el funcionario judicial no define la situación jurídica del sindicado estando en la obligación de hacerlo, puesto que en esta hipótesis se vulnera el debido proceso en lo relativo a un proceso público sin dilaciones injustificadas y se burla el sistema acusatorio mixto diseñado en la Constitución al impedir el control judicial de dichas actuaciones. En consecuencia, la Corte declaró exequible la expresión ?La medida de aseguramiento?, en el entendido que también puede ser objeto de control de legalidad, a petición de la parte civil o del Ministerio Público, la decisión en la que el funcionario judicial se abstiene de adoptar la medida de aseguramiento nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia C-805-02

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