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Última modificación: 2008-08-01
Vía de hecho por dictarse providencia contraria a la lógica a favor del sindicado

El actor interpuso acción de tutela por considerar que su derecho al debido proceso había sido vulnerado dado que en el proceso penal que había iniciado en contra de su esposa por fraude procesal y estafa, y en el cual aquel se había constituido como parte civil, el fiscal precluyó la investigación, sin que se hubiera podido esclarecer la verdad de los hechos. Afirma el actor que había otorgado poder general para la administración de sus negocios a su esposa, quien disolvió y liquidó la sociedad conyugal y demandó la cesación de los efectos civiles del vínculo religioso, en ambos casos aduciendo un acuerdo con su cónyuge que no existió.

La Corte, al tutelar el derecho del actor sostuvo que el fiscal accionado produjo una providencia que constituye vía de hecho, en cuanto para precluir la investigación que se adelantaba contra la señora dedujo de conductas ejecutadas por la sindicada, y que la ley penal tipifica como delictivas, actuaciones altruistas que no están acreditadas en el expediente y que, comparadas con los hechos que efectivamente ocurrieron y con la situación de despojo patrimonial y desamparo afectivo que afronta el actor, contrarían las reglas de la lógica y los principios de la sana crítica.

La Corte ampara los derechos fundamentales del actor al debido proceso y al acceso a la justicia, con miras al esclarecimiento de la verdad y a la realización de un orden justo. Lo dicho, porque el actor tenía derecho a ser oído, y a que sus peticiones fueran atendidas con sujeción al ordenamiento jurídico. Es decir al actor le asiste el derecho de exigir que los hechos sean cabalmente esclarecidos, y que los responsables de las conductas punibles sean efectivamente castigados. La Corte ordenó compulsar copias a la fiscalía y a la Procuraduría para que se adelantara la investigación de las faltas disciplinarias y conductas punibles en las que hubiera podido incurrir el fiscal. nota 1



  1. Corte Constitucional, Sentencia T-622-02

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